En la región hay más de 3.700 menores con medidas de protección, el 60% acogidos en familias y el resto en 102 recursos
MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
El 70% de los menores que ingresaron en 2021 en centros de protección de la Comunidad de Madrid eran adolescentes y, en algunos casos, presentan alta problemática, como pertenencia a bandas, consumos de drogas, entornos de riesgo social y marginal, problemática de salud mental, etcétera.
"La intervención en los centros no supone que esa problemática desaparezca, sino que se trabaja con los menores, así como con su entorno familiar en procesos continuados a través de proyectos individualizados", explican a Europa Press desde la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
La Comunidad contaba al iniciar este año con 3.714 menores con medidas de protección, de los cuales 2.263 (el 60,1%) están en acogimiento familiar y los otros 1.451 (el 39,9%) residen en la red regional de centros de menores, formada por 102 recursos de distinta tipología que suman un total de 1.880 plazas.
Los centros son instituciones que asumen temporalmente el cuidado y la educación de niños que carecen de un entorno que pueda satisfacer sus necesidades biológicas, afectivas y sociales. Tienen encomendado como principal objetivo lograr que los niños recuperen su entorno familiar o buscarles un entorno familiar adecuado, tal y como recoge la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
De los 102 recursos, 3 son de Primera Acogida, 3 residencias de Primera Infancia, 21 residencias infantiles, 20 hogares infantiles, 17 recursos para adolescentes, 19 recursos para menores no acompañados, 10 específicos para discapacidad y 9 para tratamiento terapéutico.
TIPOS DE PROTECCIÓN
La Titula es una medida de protección del menor en la que la Comisión de Tutela del Menor declara la situación de desamparo y suspende provisionalmente la patria potestad de los padres o tutores, asumiendo la entidad pública el ejercicio de la misma.
La tutela crea una relación jurídica entre el menor y la Comisión de Tutela, en la que la administración asume todas las obligaciones que corresponden al tutor, esto es, velar por el menor, educarlo y procurarle una formación integral y alimentos. El ejercicio de esta medida de protección se realiza prioritariamente en acogimiento familiar, y si no, en acogimiento residencial en uno de los centros de la Comunidad.
La Guarda es la medida de protección por la que la administración ejerce las funciones guardadoras cuando el padre y la madre, o en su caso los tutores, lo solicitan por existir circunstancias graves y temporales que les impiden ejercerla a ellos mismos. Esta medida finaliza en el momento en que desaparece la causa que motivó su adopción, debiendo reintegrarse el menor con su familia de origen.
Ambas medidas de protección son temporales, hasta que se resuelvan los problemas que dieron lugar a la intervención de los servicios de protección a la infancia y en todo caso al cumplir los 18 años.
CÓMO LLEGAN LOS MENORES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN Y CÓMO FUNCIONAN
El sistema de protección de menores actúa en situaciones de riesgo de niños y adolescentes que se encuentren en situación de grave desprotección por circunstancias variadas como abandono físico o negligencia por parte de los tutores, maltrato, consumo de tóxicos, menores no acompañados, problemática social o conductas de riesgo, entre las que en los últimos años son frecuentes las situaciones de grave riesgo de adolescentes chicas que se exponen a situaciones de posibles delitos de carácter sexual.
La colaboración entre los servicios sociales municipales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y la Fiscalía son fundamentales para detectar estas situaciones y trabajar de forma conjunta para la detección de casos, protección de las menores en entornos seguros como son los centros de protección y detección de las organizaciones, bandas y personas que cometen estos delitos, recalcan.
Estos centros son abiertos y la intervención en los mismos es de carácter educativo. Así se realiza un trabajo profesionalizado para que estos chicos puedan a través de una medida de protección (tutela o guarda, según el artículo 172 Código Civil) ser protegidos y se trabaja para que puedan tener una vida normalizada.
Los centros de protección son el hogar de los menores con medidas de tutela o guarda. Cuando un menor llega a una residencia, se le proporciona alojamiento, manutención, escolarización, actividades extraescolares, y la atención sanitaria, psicológica y psiquiátrica que necesite.
Además, recibe el apoyo de todo un equipo multidisciplinar de profesionales que valora cada caso, examina su situación familiar, prescribe la terapia más apropiada, y diseña una hoja de ruta, con una serie de fases: acogida, educativa y de autonomía. Cada niño tiene un proyecto individual de intervención y un seguimiento por parte del equipo educativo.
La Consejería recalca que los centros de protección no son centros de ejecución de medidas judiciales, es decir que no puedan ser cerrados, y en ellos no se puede limitar la libertad individual de los menores.
Debido a este carácter abierto, cuando existe una ausencia voluntaria de cualquier menor, esta situación se comunica a través de un parte de ausencia voluntaria al Grupo de Menores de la Policía Nacional, existiendo un procedimiento establecido al efecto, para que los agentes puedan localizarlos y devolverlos a las instalaciones.
CENTRO PARA EL TRATAMIENTO DE MENORES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA
La Residencia Especializada de Adaptación Psicosocial Picón de Jarama es el único de los centros de la red de protección a menores de la Comunidad que puede establecer ciertas limitaciones o restricciones temporales a esa libertad de movimientos, ya que se trata de un centro de protección de trastornos de conducta regulado por la Ley 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, modificada por la Ley 8/2015, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia.
Para que un menor entre en este centro es obligatoria una autorización judicial de ingreso. Este recurso está destinado al acogimiento residencial de menores en situación de guarda o tutela con problemas de conducta, conductas disruptivas o disociales recurrentes, transgresoras de las normas sociales y los derechos de terceros, cuando esté justificado por sus necesidades de protección.
El artículo 34.2 de Ley 8/2015 establece que el director del centro de protección específico de menores con problemas de conducta podrá restringir o suprimir las salidas, siempre en interés del menor y de manera motivada, cuando su tratamiento educativo lo aconseje, de acuerdo con la autorización judicial de ingreso y comunicadas a la Fiscalía. Es decir, la restricción de salidas es algo muy excepcional.
De hecho, este tipo de centros son igualmente abiertos, lo que los diferencia de los centros cerrados de ejecución de medidas judiciales donde la restricción y prohibición de salidas viene determinada por el cumplimiento de una sanción penal que determina la restricción de la libertad individual, los conocidos como centros de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI).
Esto en ningún caso, explican las mismas fuentes, puede realizarse en un centro de protección, ya que precisamente su actuación va encaminada a proteger a menores de situaciones que han sufrido, siendo en algunos casos víctimas de delitos, como las menores tuteladas víctimas de la red de proxenetas desarticulada a finales del año pasado en la 'Operación Sana'.
"No salir supondría una revictimización para menores que, precisamente, cuentan algunas de las experiencias que sufren fuera de los centros gracias al clima de confianza que encuentran en los educadores de los recursos", subrayan.
