Los abogados del Turno de Oficio dejarán de atender con la suspensión más del 50% de los casos

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los abogados del Turno de Oficio de Madrid dejarán de atender a partir de hoy más del 50 por ciento de los casos de prestación de la Justicia Jurídica Gratuita con motivo de la suspensión del servicio iniciada por el colectivo debido a los impagos de la Comunidad de Madrid, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Hace dos semanas, la Junta de Gobierno de Colegio de Abogados de Madrid acordó suspender el servicio a partir del 1 de junio a instancias de las asociaciones que aglutinan a este colectivo.

La paralización en la prestación no afectará a las causas que afecten a presos, detenidos y que causen perjuicio al derecho de defensa de los ciudadanos.

Además, se designará a un letrado por guardias en comisarían o causas con preso. Las guardias se dejarán de cubrir a partir del 9 de junio.

La gran mayoría de asuntos que ocupan a los letrados se refieren a causas de lo Penal, que engloban más del 75 por ciento de los casos que llevan los abogados.

En líneas generales, se dejarán de atender más del 50 por ciento de los casos, en su mayoría asistencia letrada en juicios que se celebren en los Juzgados de lo penal o la Audiencia Provincial de Madrid, al igual de asistencia letrada en instrucciones siempre y cuando no se refiere a presos.

Por tanto, se trata de garantizar con estos servicios mínimos el derecho a la defensa de los ciudadanos, algo que viene garantizado por la Constitución. El Colegio de Abogados decidió respaldar la suspensión para fijar unos mínimos que salvaguardaran este derecho.

La suspensión del servicio se produce como protesta por los cerca de 17 millones de euros que debe la Comunidad a los abogados del Turno de Oficio de Madrid y ante "la negativa de la Comunidad de Madrid a todo compromiso de pago en un plazo razonable, abonando intereses de demora en caso contrario".

Los letrados han denunciado el propósito de la Comunidad de Madrid, de restringir el acceso a la justicia gratuita a ciertos colectivos, como los extranjeros que carezcan de pasaporte o de certificado de empadronamiento.

Según las asociaciones, el colectivo se ve forzado a adoptar medidas contundentes, como "la suspensión del servicio, salvo en determinados casos urgentes, pues es manifiesto que todos los colectivos sociales de este país, incluidos los jueces, han llegado hasta la huelga para defender sus derechos".