MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ha dictado auto de apertura de juicio oral contra el alcalde de Guadalix de la Sierra, Ángel Luis García Yuste, por un delito de falso testimonio cometido en un juicio celebrado en 2013 contra dos arquitectos universitarios, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La apertura de juicio oral, adelantada por el periódico digital 'Madridiario', se produce despues de que el instructor haya concluido la instrucción de la causa. Además, la Fiscalía de Madrid ya ha calificado los hechos.
En cuanto a la acusación, el fiscal que lleva el caso pide para el regidor un año de prisión. En concreto, los hechos se produjeron en un juicio celebrado contra dos arquitectos municipales que fueron condenados por la Audiencia Provincial de Madrid por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios en la tramitación de unos expedientes.
Entonces, el regidor negó que los arquitectos hubieran tenido poder de decisión en la tramitación de esos expedientes y derivó la responsabilidad en un arquitecto municipal honorífico.
Frente a lo manifestado en esa declaración, el Ministerio Público considera que el acusado tuvo desde 2003 "pleno conocimiento" de la tramitación de sendos expedientes administrativos a cargo de los arquitectos mencionados.
En su escrito, el fiscal señaló que que el vicesecretario del Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra, Carlos Pascual Echalecu, llegó a plantear en el Pleno la posible incompatibilidad de dichos arquitectos en la tramitación del expediente dado que habían participado primero a título particular y más tarde en su condición de arquitectos municipales.
El informe elaborado reflejó la "manifiesta incompatibilidad" de Rafael M.D y "fue entregado al alcalde". La intervención de ambos arquitectos en la tramitación de los expediente administrativos dio lugar a la celebración de un juicio ante la sección decimoséptima de la Audiencia Provincial Madrid en el que García Yuste declaró como testigo el 24 de mayo de 2013.
Al ser interrogado sobre esta cuestión por el fiscal, las acusaciones populares e incluso por la magistrada-presidenta del tribunal negó "a sabiendas de que faltaba a la verdad" que Martínez Díaz hubiera tenido poder de decisión en la tramitación de dichos expedientes. "Es más, responsabilizó del hecho a otro arquitecto honorífico del ayuntamiento", prosigue el Ministerio Público.
Finalmente la sentencia consideró probado que ambos arquitectos habían intervenido tanto a título particular y como arquitectos particulares en la tramitación y a probación de los expedientes administrativos y les condenó a la pena 20 meses de multa y la inhabilitación especial para empleo o cargo público durante tres años.
