Considera que se puede aplicar el cese que pide la presidenta regional para los cargos que hayan cometido alguna irregularidad
PINTO, 27 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno local de Pinto (PSOE, IU y 'Juntos por Pinto') consideró hoy "una petición de dimisión implícita" para la ex alcaldesa Miriam Rabaneda, del PP, las declaraciones que ayer realizó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, sobre la dimisión "con carácter inmediato" de todos aquellos cargos públicos que hayan cometido presuntas irregularidades o sobre quienes "recaigan dudas de haber actuado fuera de la ley".
El Ejecutivo consideró hoy que estas 'instrucciones' pueden ser aplicables tanto a la ex regidora como a su hermana y ex concejala de Hacienda, Tamara Rabaneda, por haber sido llamadas a declarar por el juzgado de Instrucción número 6 de Parla en la denuncia por presunta prevaricación que instruye por presumibles irregularidades económicas durante su mandato.
El Ejecutivo recordó que Aguirre manifestó que "todo aquel que, perteneciendo al PP de Madrid, no solamente haya hecho algo ilegal o irregular sino que existan indicios de que pudiera tener responsabilidad política, sin quitar un ápice a su presunción de inocencia penal, tiene que dimitir con carácter inmediato y además dejar el acta, como hemos pedido a los diputados y concejales"
Para al Gobierno de Juan José Martín, "ha llegado el momento de comprobar si Rabaneda, que sigue en todo las directrices de Aguirre, está dispuesta a dejar su acta de concejal, siguiendo así el mandato de su presidenta".
El juzgado número 6 de Parla investiga si, durante el mandato del PP, se produjeron "órdenes de pago efectuadas contraviniendo el procedimiento a que obligan los reparos de legalidad emitidos por la Intervención de la Corporación municipal y contra el informe negativo de intervención de fecha 19 de diciembre de 2008".
Por su parte, fuentes del Partido Popular desconfiaron de la petición de dimisión y recordaron que ésta también podría aplicarse para los tres portavoces del actual Ejecutivo local --Juan José Martín (PSOE), Carlos Penit (IU) y Reyes Maestre (JpP)--, quienes fueron también llamados a declarar por un juzgado parleño a raíz de una denuncia que interpuso el PP por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras la moción de censura que rubricaron los tres mandatarios en diciembre de 2008.
