MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo Económico y Social (CES) de la Comunidad de Madrid aprobará previsiblemente mañana, martes, un informe en el que valora positivamente el anteproyecto de Ley del Suelo presentado por el Gobierno regional, argumentando que "tendrá una incidencia positiva en la moderación del crecimiento de los precios del suelo urbano".
En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que el texto supone una "mejora sustantiva de la ley vigente" y "responde al objetivo de reducir la complejidad actual del ordenamiento urbanístico". Asimismo, afirma que la ley "es comprensible y no suscita apenas dudas sobre la interpretación de su contenido".
Por otro lado, el CES destaca en el informe que el anteproyecto de Ley del Suelo "da mucha agilidad a la tramitación urbanística", por lo que no será necesario esperar ocho años hasta poder iniciar la construcción de las viviendas planificadas.
Este órgano consultivo apoya el establecimiento del silencio administrativo positivo, así como la figura de las entidades certificantes, aunque se pide "explicar con mayor detalle la naturaleza" de éstas y "en qué medida sus 'dictámenes' tienen algún efecto vinculante para la Administración responsable de las tramitaciones de expedientes".
También advierte el CES "los beneficios que otorgará la capacidad de subrogación de la Administración autonómica en los casos de inactividad de la Administración local", lo que permitirá que "el administrado no sufra el mal funcionamiento" de la segunda.
EL POLÉMICO '50 POR CIENTO'
Con respecto a uno de los aspectos más polémicos, el que se refiere a la reserva del 50 por ciento de la edificabilidad para vivienda protegida sólo en los municipios con poblaciones que superen los 15.000 habitantes, el CES entiende que es "excesivamente elevada" y que "debería reducirse en línea con los porcentajes inferiores establecidos por otras Comunidades Autónomas".
"En todo caso -precisa-, debería darse un tratamiento especial en este tema a los municipios más pequeños y con mayor protección ambiental de la Comunidad".
Otra de las recomendaciones que hace es que, dado que la redacción y aprobación de los Planes Generales de Ciudades Grandes "supone abordar un conjunto de trabajos de gran complejidad, sumamente costosos y que se prolongan en plazos dilatados", la Ley "permita a los municipios de más de 100.000 habitantes la adaptación" de sus planeamientos urbanos "mediante modificaciones parciales, si ello fuera suficiente para responder a necesidades nuevas u oportunidades sobrevenidas".
No obstante, en estos casos el informe plantea "algunas limitaciones como, por ejemplo, que dichas adaptaciones no requieran la modificación de la estructura viaria básica ni de las infraestructuras de transporte colectivo que hayan de ser financiadas por la Comunidad de Madrid o el Estado".
Sobre la rehabilitación por gestión privada se afirma que es "una figura novedosa que debería analizarse con sumo cuidado y que exigiría establecer las máximas garantías -recalca- para cuantas personas pudieran verse afectadas por un procedimiento de esa naturaleza".
Respecto a la posibilidad prevista en el anteproyecto de ley de que los municipios puedan delegarse entre si el ejercicio de competencias y efectuarse encomiendas de gestión, el CES sostiene que esa 'encomienda de gestión' "debería estar sujeta a determinadas condiciones previas y no ejercitarse libremente, en cualquier circunstancia, por simple acuerdo entre los interesados".
USOS TURÍSTICOS Y DEPORTIVOS EN SUELO RÚSTICO
El CES plantea asimismo incluir entre los usos y actividades permitidos legalmente en el suelo rústico preservado y transformable el de "las instalaciones destinadas a actividades turísticas, formativas, deportivas" así como el de aquellas "económicas a desarrollar por empresas que tengan la consideración de 'especial interés' en función de los criterios de capacidad económica y de creación de empleo a desarrollar reglamentariamente".
Insta, además a "utilizar, en lugar de la denominación 'redes públicas', la de 'redes de interés general', distinguiendo en su caso entre las que necesariamente hayan de seguir siendo públicas y las que son o, pueden potencialmente ser, privadas".
En relación con la 'red de equipamientos sociales' a la que alude el anteproyecto de ley regional, el CES advierte de que "el planeamiento debería hacer previsión de reservas de suelo para equipamientos privados, como uso con calificación diferenciada de 'uso dotacional'", del mismo modo que en el caso de los equipamientos públicos el texto sí "hace previsión de cesiones de suelo obligatorias y gratuitas".
De modo general, este órgano consultivo sostiene que es necesario "el desarrollo reglamentario de bastantes preceptos, algunos de los cuales deberían desarrollarse más en la propia ley, con el fin de de facilitar su aplicación efectiva inmediata o de completar el sistema de garantías y defensa de derechos fundamentales".
Igualmente, se recomienda "arbitrar en el Plan Regional de Estrategia Territorial mecanismos para que éste pueda ser coherente con los objetivos de ordenación territorial que pudieran fijarse a nivel nacional"; y la apertura de vías para "una futura coordinación de la ordenación territorial de la Comunidad de Madrid con las limítrofes de Castilla La Mancha y Castilla y León en ámbitos transfronterizos".
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, estimó a finales de octubre que la nueva Ley del Suelo comenzaría a tramitarse en la Asamblea de Madrid a primeros de febrero, lo que permitiría su aprobación definitiva antes de Semana Santa.
