MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha archivado la causa en la que investigaba a excargos de la Consejería de Sanidad por un delito de prevaricación administrativa un el concurso sobre el transporte de ambulancias del SUMMA.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que el juez acuerda el sobreseimiento del proceso penal asumiendo los argumentos esgrimidos en un escrito del pasado 15 de enero por la Fiscalía para solicitar su archivo.
En la causa declararon como investigados el exviceconsejero de Sanidad Manuel Molina; el exdirector general de Coordinación de la Asistencia Sanitaria de la Consejería César Pascual; el exsecretario técnico de la Mesa de Contratación del Concurso Luis Javier Fernández; y el exdirector de Gestión del SUMMA Santiago Cortes.
El denunciante era la empresa Ambulancias Alerta. En la resolución, el instructor subraya que de las diligencias se conclue "de manera clara" esta empresa fue requerida para que presentara un plan de viabilidad tras ser prupuesta como adjudicataria del servicio y nunca lo hizo. "Este plan no se presentó", ha dicho.
Hace un año, el juzgado admitió a trámite la querella presentada por una de las licitadoras al concurso para el traslado de pacientes en ambulancia, al entender que había presunta prevaricación en la actuación de la Consejería, que se decantó por otra empresa para este servicio.
El entonces viceconsejero de Sanidad explicó en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid que el juzgado remitió a la Consejería un auto en el que informaba de que la querella interpuesta por Ambulancias Alerta se había admitido a trámite porque reunía los requisitos "formales" para ello, solicitando a su vez que se remitiera documentación sobre el proceso.
Molina recalcó que en ese auto no estaba determinada ni "la naturaliza ni la circunstancias de los hechos requeridos en la querella" e informa de que abre diligencias previas, algo que es el "procedimiento que se sigue habitualmente en estos casos".
Al respecto, Sanidad remitió al juzgado los expedientes correspondientes del contrato para el traslado de pacientes urgentes y programado.
También relató que esta empresa, que anteriormente prestaba el servicio, presentó varios recursos contenciosos-administrativo con el objetivo de "paralizar" que se iniciara ese contrato al entender que presuntamente se incurría en un "ilícito penal", lo que a su juicio supone "prejudicializar" este proceso.
Al respecto, el viceconsejero argumentó que presentaron dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó dos solicitudes de nulidad del proceso de contratación y que tras esa negativa se interpuso la querella contra la Consejería.
En enero, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz, explicó que el servicio había sido adjudicado a la empresa Ferroser, en un proceso en el que también concurrió Ambulancias Alerta.
A su vez, el diputado socialista Ángel Chamorro llevó esta cuestión a la comisión y trasladó su preocupación por la querella interpuesta por Ambulancias Alerta pues cree que esta situación muestra que los pliegos para el contrato de traslado de pacientes en ambulancia implicaba problemas.
