MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Ayuntamiento de Villarejo de Salbanés ha aprobado una ordenanza que permite sustituir las multas o sanciones económicas, por la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, buscando, así un objetivo "educativo y rehabilitador", ha informado el Consistorio local.
Con la aprobación de esta ordenanza se pretende atenuar los problemas económicos y familiares que originan el abono en metálico de las sanciones administrativas dimanantes de infracciones, como el "botellón", por lo que resultará especialmente favorable a los menores de edad o aquellas personas de escasos recursos económicos.
Para conmutar la multa por trabajos a la comunidad, el infractor debe solicitarlo de forma voluntaria. Esta conmutación podrá aplicarse tanto a los sancionados menores de edad, previo consentimiento de los padres, como para los mayores de edad.
Quedarán excluidas de esta ordenanza las sanciones tributarias y urbanísticas y las personas jurídicas. También los reincidentes en infracciones administrativas, así como las infracciones muy graves sobre tráfico. Así, se podrían realizar trabajos en beneficio de la comunidad, por ejemplo, en bibliotecas, en limpieza pública o en mantenimiento y reparación de mobiliarios urbano.
Habrá un responsable del seguimiento de la actividad que emitirá el correspondiente informe a la Alcaldía y, si el infractor ha cumplido con el trabajo conforme a lo ordenado, se le notificará la condonación de la sanción. De lo contrario deberá pagar la multa.
Según el alcalde de Villarejo de Salvanés, Marco Antonio Ayuso Sánchez, "con esta ordenanza se pretende que la sanción por el incumplimiento de la normativa no suponga un bache en la grave situación económica de las familias, pero que tampoco el infractor quede sin un castigo, que en este caso, podrá tener un carácter educativo y rehabilitador".
La ordenanza municipal reguladora de la conmutación de sanciones económicas administrativas por trabajos en beneficio de la comunidad fue aprobada en pleno el 26 de abril, por unanimidad de todos los grupos políticos y entrará en vigor tras publicarse en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
