Según la sentencia del TSJM, el Ayuntamiento, 20 viviendas y oficinas se levantaron en suelo destinado a "equipamiento escolar"
BOADILLA DEL MONTE, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Boadilla ha asegurado este lunes que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que declara "ilegal" la construcción de la Casa Consistorial, ubicada en la calle José Antonio, no tiene "consecuencias jurídicas, ya que se basa en realidades jurídicas superadas por el vigente Plan General de Ordenación Urbana".
A través de un comunicado, el Ayuntamiento asegura que el Plan de Urbanismo vigente, que data de 2002, contempla "los usos previstos" para este edificio por lo que el fallo "se basa en realidades jurídicas superadas por el vigente Plan de Urbanismo". "El edificio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en ningún caso dejará de prestar servicio como la sede administrativa que es", han afirmado.
"El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) actual es el vigente desde el año 2002 y por el que se rige en estos momentos Boadilla del Monte. Dicho Plan contempla los usos previstos para este edificio, sede administrativa del Ayuntamiento", puntualiza la misiva.
"La sentencia dictaminada es una sentencia sin consecuencias jurídicas, ya que se basa en realidades jurídicas superadas por el vigente Plan General de Ordenación Urbana. Por este motivo, el edificio del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en ningún caso dejará de prestar servicio como la sede administrativa que es", especifica el comunicado.
La resolución en cuestión, a la que ha tenido acceso Europa Press, ha sido emitida por la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras el recurso presentado por cinco vecinos y tres concejales del Ayuntamiento en los años 2001 y 2002, que denunciaron que el suelo en cuestión estaba destinado a "equipamiento escolar".
En sus Fundamentos de Derecho, la sentencia recoge que la Dirección General de Urbanismo emitió, con fecha de 8-6-2002, en el que "literalmente" se especifica que la parcela en cuestión "está calificada por el Plano y las normas urbanísticas como equipamiento escolar, pero la ficha urbanística recoge en una clave de ordenanza (equipamientos, viviendas, cesión), inexistente en las normas urbanísticas y en el PGOU, que hace prevalecer su calificación de Equipamiento Escolar".
Asimismo, se indica que la Sala considera que "no se trata de una mera contradicción fácilmente salvable" sino de una "auténtica contravención del PGOU por un documento incorporado incomprensiblemente al mismo".
"La consecuencia jurídica ineludible de que toda edificación contraria las normas urbanísticas debe ser demolida, en el presente supuesto, siendo el problema planteado en Boadilla del Monte de Uso del suelo, y teniendo en cuenta la destrucción de riqueza que toda demolición implica, resultaría conveniente que en la medida de lo posible, los edificios indebidamente construidos pudieran continuar existiendo siempre que adaptaran su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el PGOU, plano 5G", continúa el documento.
El portavoz del partido independiente, Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, ha señalado que su formación política va a "exigir la responsabilidad patrimonial" contra los técnicos y cargos del PP que concedieron las "licencias ilegales" y que "han provocado un grave perjuicio patrimonial" a los propietarios de las viviendas "que se van a tener que demoler". De este modo, ha especificado que los daños se valoran en unos 15 millones de euros.
El concejal ha hecho alusión al hecho de que las casas y oficinas para las que se concedió la Licencia "son privadas" y que "no se pueden destinar a colegio público" por lo que "vamos a exigir" y "ayudar a estos propietarios de buena fe, para que para que sean indemnizados y que todos los daños y perjuicios que sufran por la demolición de sus viviendas y oficinas les sean compensadas" ya que "compraron claramente con un vicio oculto".
Galindo ha relatado que los hechos se remontan al año 1998 y 2000 cuando el Pleno del Ayuntamiento de Boadilla autorizó, primero, la construcción de un edificio de 20 viviendas y oficinas sobre una parcela reservada por el Plan General a uso escolar y sobre el resto de esa misma parcela, en el 2000 autorizó levantar otro edificio, el Nuevo Ayuntamiento de Boadilla.
El edil de la oposición ha indicado que ambas construcciones "ilegales" fueron autorizadas por el PP, siendo concedida la licencia para construir el nuevo Ayuntamiento de Boadilla en el año 2000 por el entonces alcalde Arturo González Panero.
Asimismo, ha asegurado que los denunciantes "advirtieron" a los responsables políticos de la "ilegalidad" de las construcciones "antes" de iniciar el procedimiento judicial, en escritos presentados ante el propio Pleno del Ayuntamiento y "el PP hizo caso omiso".
"En estas fechas, ambos regidores del PP aprobaron la construcción de las 2 edificaciones ilegales sobre terreno escolar público cedido al Ministerio de Educación en el año 1982 para la ampliación del colegio Príncipe D. Felipe. Entre los integrantes del Equipo de Gobierno que aprobaron las licencias se encontraban Nieves Fernández Crespo, Arturo González Panero, Juan Siguero Aguilar, José Galeote Rodríguez, José María de la Mata Arranz, cuyos problemas judiciales vienen derivados de sus actuaciones como responsables políticos en el Ayuntamiento de Boadilla", ha concluido.
