Ponen sobre la mesa una ordenanza de Habitabilidad que regule las condiciones de edificación en la ciudad a la luz de las necesidades y circunstancias detectadas durante la pandemia de la Covid-19
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid no podrá enajenar ningún suelo ni vivienda destinados a protección pública, no iniciará desahucios hasta el 31 de diciembre de 2020 y se paralizarán hasta esa fecha los ya iniciados (esta medida no afectará a los casos que puedan implicar delincuencia o grave conflicto vecinal) y adquirirá mediante cesión del uso de un importante paquete de viviendas de uso turístico para incorporarlas a programas de alquiler.
Son algunas de las medidas más destacadas en materia de vivienda de las 169 de la Mesa Social de los Pactos de la Villa, publicados en la web del Ayuntamiento de Madrid tras alcanzarse un acuerdo entre los portavoces y antes de ser sellados oficialmente el próximo martes en un pleno extraordinario.
Todos los grupos se han comprometido por unanimidad a impulsar el desarrollo de un parque público de vivienda en alquiler similar al existente en ciudades europeas como Viena, Berlín, Ámsterdam, o París, es decir, tendente a alcanzar el 20 por ciento del parque inmobiliario.
CONSTRUCCIÓN DE 15.000 VIVIENDAS
Para ampliar el parque público municipal en alquiler se continuará la construcción de promociones en alquiler llevadas adelante por la EMVS en los suelos ya cedidos por el Ayuntamiento hasta conseguir la construcción de aproximadamente 15.000 nuevas viviendas protegidas públicas en alquiler social a lo largo de los próximos años.
La okupación se pone en el punto de mira de los Pactos de la Villa mediante la optimización del parque de vivienda desocupada a través de nuevos programas de alquiler con una serie de medidas que incentiven a los propietarios de viviendas vacías a su utilización por la EMVS, unido a la continuación del proceso de adquisición de viviendas en el mercado secundario privado con el fin de reequilibrar la oferta del Ayuntamiento de Madrid al adquirir viviendas en cualquier zona de la ciudad. Otra de las medidas pasa por adoptar programas de cesión de viviendas particulares al Ayuntamiento.
VIVIENDAS DE USO TURÍSTICO
En la actualidad se plantea el problema de dar salida a las 15.000 viviendas de uso turístico (VUT) que se encuentran desocupadas "porque sus propietarios han visto como eran objeto de órdenes administrativas de cese de la actividad por vulnerar la normativa urbanística, o simplemente porque se encuentran fuera de la normativa, junto al panorama incierto tras la crisis de la Covid-19".
Para ello se fomentará la inclusión de las viviendas de uso turístico en el mercado de alquiler estudiando su situación y buscando mecanismos que "consoliden" su conversión de alquiler turístico a alquiler tradicional, además de adquirir mediante cesión del uso de un "importante" paquete de estas viviendas de uso turístico para incorporarlas a programas de alquiler.
Se ha acordado igualmente desarrollar fórmulas de colaboración público privada para construir vivienda de alquiler a precios asequibles en las parcelas municipales con la calificación de vivienda libre y el desarrollo de modelos de cohousing o coliving para mayores, jóvenes o de intercambio generacional, con planteamiento, ejecución y control público, y permitiendo la colaboración privada en la gestión.
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA
Los Pactos de la Villa incluyen la constitución de un Fondo Social de Vivienda revisando el acuerdo firmado entre la EMVS y SAREB en enero de 2016 y concertando convenios con entidades financieras para uso de viviendas desocupadas para destinarlas en arrendamiento social por la EMVS.
También ponen sobre la mesa una ordenanza de Habitabilidad que regule las condiciones de edificación en la ciudad a la luz de las necesidades y circunstancias detectadas durante la pandemia de la Covid-19 y en los años anteriores.
Abodará las condiciones higiénicas de las viviendas, el tratamiento de terrazas, balcones y azoteas, el diseño de los espacios comunes para adaptarlos a las necesidades de teletrabajo, zonas de aparcamiento de bicicletas o la naturalización de edificios.
Y toso ello junto a un Plan de Rehabilitación con el objetivo de facilitar ayudas que incentiven la conservación, accesibilidad y eficiencia energética de los edificios construidos antes de 1996, así como su habitabilidad y confort
Se sumará a una línea de ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética de los edificios residenciales generando así un medio urbano más sostenible, eficiente y equilibrado, y como medida para luchar contra la pobreza energética, teniendo como fin último "garantizar las condiciones de habitabilidad que debe reunir una vivienda digna", a la par que se configura como "un importante motor de generación de empleo". Esta línea deberá incidir especialmente en aquellas zonas más vulnerables, con porcentajes de subvención más elevados y menores exigencias.
Incluirá una línea de ayudas para llevar a cabo las obras de mejora de la salubridad del patrimonio edificado de la ciudad de Madrid, para la eliminación del amianto, la mejora de la calidad del aire interior, y la salubridad de los residuos, con un enfoque centrado en la ciudad existente, asegurando a los ciudadanos una adecuada calidad de vida, y la efectividad de su derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Se propone asimismo la creación de un Observatorio de Vivienda con el objetivo de obtener un "mejor conocimiento" de la realidad del mercado inmobiliario, su demanda, su oferta y localización objetiva y subjetiva. Dicho observatorio no supondrá la creación de una oficina administrativa ad hoc ni incremento de personal administrativo.
