MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Madrid podría ingresar unos 300 millones de euros en el próximo ejercicio si se materializara finalmente la privatización del 49 por ciento del Canal de Isabel II, tal y como pretende la Comunidad de Madrid, una operación que obligaría al Consistorio a sacar a concurso la distribución del agua en la ciudad o a participar como accionista en la nueva empresa, dos opciones que, en cualquier caso, le reportarían beneficios actualmente inexistentes.
Así lo ha explicado el delegado de Hacienda de la capital, Juan Bravo, durante la comisión ordinaria del ramo, donde IU le ha preguntado sobre las medidas del Gobierno municipal en el caso de que finalmente se privatice la mitad de la empresa de aguas madrileña.
Actualmente, el Consistorio de la capital mantiene dos convenios de adjudicación directa con el Canal --uno de abastecimiento por 700 millones de euros hasta 2036, y otro de alcantarillado, depuración y explotación--, a diferencia de otras localidades de la región que cuentan con una empresa pública municipal o gestionan el agua de manera indirecta.
De este modo, el funcionamiento en Madrid de adjudicación directa del servicio sólo es viable mientras el Canal de Isabel II sea una empresa pública, porque la legislación europea de protección de la competencia prohíbe adjudicar sin concurso contratos públicos a empresas privadas. Si la empresa que preside Ignacio González se convierte en sociedad anónima incorporando capital privado, la opción del convenio directo dejará de existir.
Además, este 31 de diciembre se extingue el convenio de abastecimiento de agua a la capital, que se renovará anualmente a partir de ahora. De esta forma, si se privatiza el Canal el Consistorio tendrá tres posibles opciones: Por una parte, se podría crear una empresa municipal que gestione este servicio, si bien ésta es una posibilidad con pocos visos de llevarse a la práctica.
También se podría sacar a concurso público el abastecimiento de agua a la ciudad al que podría concurrir en igualdad de condiciones cualquier operador de agua de la Unión Europea, las empresas que se constituyan con este objetivo y el propio Canal de Isabel II, si bien en este caso habría que negociar el uso de las infraestructuras, ya que mientras una parte son propiedad municipal, otra pertenece al Canal.
La tercera posibilidad sería convertirse en accionista de la nueva empresa, lo que permitiría al Consistorio participar de los dividendos. "Ahora, al ser una entidad cien por ciento pública la que distribuye el agua, los convenios de todos los ayuntamientos son sin contraprestación económica, porque los cien millones de beneficios del Canal en cada ejercicio revierten en la mejora de la distribución", ha explicado Bravo.
"Sin embargo, si el Canal deja de ser público y hay un privado que va a obtener rentabilidad por distribuir beneficios, entendemos que todos los ayuntamientos estamos en nuestro legítimo derecho de hacer lo mismo que en el resto de España: poner en valor la distribución del agua sacándola a concurso o participando en la fórmula que la Comunidad entienda oportuna para tener un ingreso equivalente al que va a obtener el privado que participe en el accionariado", ha insistido.
Es decir, que o bien se cobra un canon a la empresa que gane el concurso público de distribución del agua en la capital o bien se reciben parte le los dividendos que obtenga la nueva empresa. En cualquier caso, los cálculos son que esa cantidad alcance al menos los 300 millones de euros.
IU LO RECHAZA
Por su parte, el portavoz de IU en la comisión, Daniel Morcillo, ha manifestado el "más profundo rechazo a los deseos de Esperanza Aguirre de privatizar una de las empresas públicas más rentables de la región".
Este año el Consistorio ya incluyó en sus presupuestos una partida de ingresos de 225 millones de euros que finalmente no se ha materializado al no cerrarse la privatización del Canal a tiempo.
