Ciudadanos habla de tráfico de drogas, robo de coches, barbacoas en el patio, peleas de gallos y perros y un centenar de viviendas okupadas
MADRID, 19 Abr. (EUROPA RESS) -
El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, ha informado de una experiencia piloto de refuerzo policial, con un incremento del patrullaje en todos los turnos en el Ensanche de Vallecas, calificado por la portavoz del área de Ciudadanos, Ana María Domínguez, como "el Bronx de Madrid o la ciudad sin ley".
La edil de la formación naranja ha hecho mención en la comisión del ramo a las viviendas públicas situadas entre el cruce de la Gran Vía del Este y la calle Eduardo Chillida, donde hay "tráfico de drogas, roban coches, hacen fiestas con música hasta las tres de la madrugada, barbacoas en el patio, peleas de gallos y perros y un centenar de viviendas okupadas por mafias", que las alquilan a familias necesitadas por 200 o 300 euros al mes. La mayoría de esos okupas son "violentos".
Barbero ha asegurado que existe una "enorme preocupación" por esta situación, por la que están en contacto permanente con la ciudadanía y con la Federación Regional de Vecinos de Madrid (FRAVM). En la comisión ha detallado el plan especial puesto en marcha en Villa de Vallecas en la línea de mejora de la convivencia y de refuerzo policial, con un incremento del patrullaje policial en los turnos de mañana, tarde y noche.
La próxima semana se reunirá con el juez decano y con representantes de la Fiscalía de Madrid, con la nueva figura de coordinación contra la okupación, presentada hoy por Delegación de Gobierno, con servicios sociales y con la Policía Municipal. Barbero también ha expuesto que se está elaborando un censo de viviendas okupadas, elaborado por la Policía Municipal y los Servicios Sociales.
Sobre las okupaciones, el concejal ha pedido diferenciar entre quien lo hace para cubrir "la necesidad básica que es el derecho a techo" de los "negocios mafiosos". Barbero ha señalado como el origen de la primera "la mercantilización de la especulación inmobiliaria después de que la anterior alcaldesa, Ana Botella, vendiera en dos años el 25 por ciento de las viviendas sociales a fondos buitre".
