MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -
El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, reclama cambios normativos que "no ahoguen" las posibilidades de revertir las externalizaciones y reclama que la remunicipalización se realice sobre todo en aquellos servicios que tienen que ver con el trato a las personas, como es el caso de la ayuda a domicilio en los consistorios.
En una entrevista a Europa Press, Cedrún lamenta la "avalancha" de externalizaciones que se han producido sobre todo cuando, a su juicio, ha quedado demostrado que "ni funcionan mejor, ni el servicio es más barato y ni mejoran las condiciones de trabajo para los empleados".
Sobre el caso de Madrid y la posibilidad de remunicipalizar el servicio de limpieza viaria o recogida de basuras, el secretario general de CCOO en la región recalca que los contratos que acometió el anterior Gobierno municipal del PP en el Consistorio capitalino casi "han blindado" esa opción.
"Son una verdadera vergüenza", ha aseverado Cedrún en referencia a los contratos de limpieza viaria, que hacen "muy difícil" una salida para que pueda haber 2.000 trabajadores más en la ciudad en materia de limpieza, que es lo que "necesita Madrid".
Por ello, expone que CCOO es partidario de recuperar "todos los servicios que han sido externalizados" e "internalizarlos", pero considera que para ello debe haber un cambio normativo a nivel estatal de cara a evitar que los procesos de reversión acaben judicializados.
Cedrún, consciente de la dificultad que entraña acometer la remunicipalización, indica que la opción de crear una empresa pública de servicios en el Consistorio puede ser una forma "más fácil" para internalizar los servicios mientras no se acometa un cambio legislativo.
No obstante, el secretario general de CCOO en la Comunidad de Madrid afirma que "más fácil" que remunicipalizar la recogida de basura o la limpieza es hacer este proceso con la ayuda a domicilio para las personas mayores de la ciudad.
En esta línea, considera que los servicios que tienen que tratar con las personas "más vulnerables" bajo "ningún concepto" tienen que estar en manos de las empresas sino que deben constituirse como servicios públicos "perfectamente controlados y vigilados" por la administración.
