Cinco de los atracadores de chalés de lujo juzgados piden suspender sus penas tras indemnizar a víctimas

En uno de los asaltos, un hombre fue torturado durante casi dos horas con golpes y descargas eléctricas

Archivo - Recurso de la entrada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España).
Archivo - Recurso de la entrada a la Audiencia Provincial de Madrid, a 17 de abril de 2026, en Madrid (España). - Antonio Gutiérrez - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: miércoles, 21 octubre 2026 12:46

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los ocho acusados de integrar una banda dedicada a cometer atracos violentos en chalés de lujo de la Comunidad de Madrid han solicitado al tribunal la suspensión de la ejecución de sus penas de prisión al no superar individualmente los dos años de cárcel y el esfuerzo por haber resarcido económicamente a las víctimas.

Los procesados han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía durante el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se les ha aplicado la atenuante de reparación del daño.

La fiscal solicitaba inicialmente penas de hasta casi 50 años por delitos de robo con fuerza en casa habitada, robo con violencia e intimidación en casa habitada utilizando armas, detención ilegal con simulación de autoridad o función pública y lesiones leves, entre otros.

Los abogados de cinco de los acusados han solicitado a la Sección 16 que acuerde la suspensión de las condenas al amparo del artículo 80 del Código Penal, al considerar que sus defendidos reúnen los requisitos legales para beneficiarse de esta medida, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relevantes y el pago de las indemnizaciones correspondientes, de un total de 130.000 euros.

Las defensas han argumentado, además, que sus representados cuentan con un entorno laboral adecuado y han destacado que han asumido los hechos y reparado económicamente el daño causado a las víctimas. En algunos casos, los letrados han incidido en que las penas impuestas no superan los dos años de prisión y en que las responsabilidades civiles ya han sido abonadas.

Los dos acusados que afrontaban las penas más elevadas también se han beneficiado de una reducción de las condenas tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, aunque no han solicitado la suspensión de su ejecución al no reunir los requisitos necesarios para acogerse a esta medida.

La Sección 16 de la Audiencia Provincial se pronunciará en sentencia, de forma individualizada, sobre las solicitudes de suspensión de las penas. La decisión tendrá en cuenta las circunstancias de cada condenado y los requisitos legales exigidos para evitar el ingreso en prisión.

UNA FAMILIA TORTURADA DURANTE CASI DOS HORAS

Los hechos de mayor gravedad atribuidos a la banda se produjeron el 22 de febrero de 2023, cuando varios de los acusados, haciéndose pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, interceptaron a un hombre al que habían seguido previamente, lo trasladaron a una finca de Navalcarnero y lo sometieron durante casi dos horas a golpes y descargas eléctricas para que revelara dónde guardaba dinero.

Posteriormente, varios integrantes del grupo irrumpieron en su domicilio, de donde sustrajeron 2.700 euros en efectivo y joyas, y secuestraron a su pareja y a sus dos hijos menores, de 14 y cuatro años. La mujer fue amenazada con un arma de fuego y llegó a sufrir cómo le introducían una pistola en la boca para exigirle que revelara dónde estaba el dinero.

Los acusados trasladaron a la familia a la finca donde se encontraba el hombre, que estaba ensangrentado tras las agresiones. La mujer y los menores escucharon cómo continuaban golpeándolo antes de que los integrantes de la banda abandonaran finalmente a todos en Moraleja de Enmedio.

La Fiscalía también atribuía a los procesados otros robos en viviendas de Rivas-Vaciamadrid, Arroyomolinos y Villaviciosa de Odón, cometidos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. En estos asaltos se apoderaron de dinero en efectivo, joyas, relojes y otros efectos.

Según la acusación, los integrantes del grupo vigilaban previamente los domicilios y utilizaban dispositivos de grabación y geolocalización para controlar los movimientos de sus moradores. En los registros practicados por los investigadores se intervinieron, entre otros efectos, esposas, distintivos y material policial, armas de fuego, cargadores, munición y un silenciador.

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