Colegio Abogados de Madrid dice que la extranjería representa tan sólo un 25% de la Justicia gratuita en la región

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El decano del colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, aseveró hoy que la extranjería representa aproximadamente un 25 por ciento de la Justicia gratuita, por lo que "ni siquiera desde un punto de vista económico está justificado dirigir esta mirada restrictiva hacia este colectivo, especialmente necesitado", en relación al anuncio realizado por la presidenta regional, Esperanza Aguirre, de limitar el acceso a este tipo de justicia por el abuso de la Ley de Extranjería.

"La extranjería representa aproximadamente un 25 por ciento de lo que es Justicia gratuita en general, y el Aeropuerto de Barajas representa un 25 por ciento, es decir, un dieciseisavo. Además, las cifras de expedientes y asistencias están bajando de manera drástica, por un lado porque desciende la emigración, y por otro porque este verano, el Colegio de Abogados estableció unos servicios de orientación legal en las terminales del aeropuerto donde se informó al ciudadano extranjero con precisión de sus derechos", señaló el decano en rueda de prensa.

Además, insistió en que la asistencia letrada así como la asignación de abogado a los emigrantes que entran por el Aeropuerto madrileño "está expresamente reconocida en la Ley orgánica de Extranjería y la Ley de Asistencia Jurídica gratuita, independientemente de que la orden se haya ejecutado o no". "Hay que considerar la situación en la que se encuentran los ciudadanos, y no hacerlo así es contrario a los principios constitucionales y al propio principio de igualdad", matizó.

Asimismo, criticó que mientras desde la Comunidad de Madrid se habla de Justicia gratuita es "para quejarse de los abogados o sugerir recortes en los derechos de los ciudadanos, especialmente si son extranjeros", el Colegio de Abogados de Madrid lleva realizando una serie de actividades "sin ninguna contraprestación y soportado por las cotas de los colegiados".

Así, destacó que ofrece "sistemáticamente" su colaboración institucional "para mejorar el funcionamiento del sistema y, desde luego, contribuir a aislar y erradicar posibles situaciones de abuso".

Además, recordó que en verano pusieron un servicio de asesoramiento jurídico gratuito en Barajas. "También hemos dispuesto un servicio de orientación jurídica en los Centros de Internamiento de Extranjeros para atender a los emigrantes allí internados, garantizar la comunicación con sus abogados y coordinar su asistencia jurídica con otros colegios de abogados", añadió Antonio Hernández-Gil, que insistió en que todos estos servicios salen de sus bolsillos porque creen que es una "función social que le corresponde a la abogacía", entidad que "merece respeto por parte de los poderes públicos".

ANTEPOSICIÓN DE CRITERIOS ECONÓMICOS

Y es que para el Colegio de Abogados de Madrid, las declaraciones de la Comunidad de Madrid en materia de Justicia Gratuita "ponen de manifiesto la anteposición de criterios económicos a lo que debe ser la tutela del derecho de defensa y la tutela del acceso a la asistencia jurídica gratuita de los ciudadanos más necesitados".

"Revelan esto y también la falta de aprecio a la labor de los abogados", puntualizó el decano, quien recordó que inicialmente desde el Ejecutivo autonómico "se habló de restringir la justicia gratuita en la jurisdicción laboral".

"Hoy la Ley Estatal de asistencia jurídica gratuita del año 96 concede justicia gratuita a todos los trabajadores y beneficiarios del sistema de la seguridad social, pero lo hace una ley estatal", apuntó para añadir a renglón seguido que estas declaraciones fueron rectificadas por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.

Por último, recordó que el Gobierno regional dijo, "pero no rectificó", que "cada recurso de un abogado de oficio tenía que ir acompañado del correspondiente mandato de su cliente". "Esta exigencia restrictiva, en nuestra opinión, no tiene encaje posible en nuestro ordenamiento", concluyó.