La Comunidad aumenta la calidad en la prestación de los servicios de protección al consumidor

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid aprobó hoy en el Consejo de Gobierno el nuevo proyecto de Reglamento de la Ley de Protección de los Consumidores de la Comunidad de Madrid, mediante el que se incrementa la calidad en la prestación de los servicios de protección de los derechos de los madrileños.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico autorizó su remisión a la Asamblea de Madrid para su debate, después de recoger las recomendaciones del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES).

Así lo anunció hoy el vicepresidente, consejero de Cultura y Deporte y portavoz, Ignacio González, y destacó que con este Reglamento se impulsa la implantación de un sistema único de reclamaciones en toda la región y se mejora la coordinación entre las Administraciones Públicas, además de que la política de protección al consumidor sea homogénea en todo el territorio, independientemente del municipio en el que resida.

El Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (CES) ha aprobado por unanimidad el anteproyecto que potencia la colaboración con las asociaciones de consumidores con implantación en la región al aumentar de cinco a siete su participación en el Consejo de Consumo.

La opinión y especialización de nuevas asociaciones que antes no estaban en este órgano enriquecerán los trabajos que se realizan en el mismo. El nuevo Reglamento introduce cambios que mejoran el funcionamiento de la Comisión Regional de Política de consumo, órgano de coordinación y colaboración de la Comunidad de Madrid en las entidades locales en materia de protección de los consumidores.

El Reglamento establece modificaciones en el capítulo de infracciones relativas a la graduación de las mismas. Se afianza, también, el principio de seguridad respecto al procedimiento sancionador en materia de consumo, protegiendo mejor el interés general de los consumidores madrileños al introducir la posibilidad, prevista en la Ley, de aumentar considerablemente la sanción para aquellos casos en los que la comisión de una infracción suponga un resultado más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de la norma vulnerada.