La Comunidad construirá dos residencias para enfermos mentales en Alcalá y Aranjuez

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este jueves construir dos residencias para enfermos mentales en Alcalá de Henares y Aranjuez y una red alternativa de abastecimiento de agua en Villaviciosa de Odón para garantizar el suministro de este municipio, entre otras medidas, según ha anunciado el vicepresidente y portavoz regional, Ignacio Gónzalez.

Así, el Consejo ha aprobado también realizar inversiones para la mejora del mantenimiento y abastecimiento de aguas regeneradas y la instalación de depuradoras en distintas zonas de la región que, junto a la construcción de la red en Villaviciosa, costarán 227 millones de euros.

A la construcción de las residencias de personas con enfermedad mental el Ejecutivo autonómico destinará 9,6 millones de euros. Sumarán así 160 nuevas plazas de residencia. En este punto, González ha destacado que el Gobierno de Esperanza Aguirre ha construido mil plazas al año, hasta sumar un total de 7.200 plazas.

El vicepresidente regional también ha avanzado que el Consejo madrileño ha probado hoy destinar 8,7 millones de euros para la elaboración de un plan de fomento de empleo de la región. Así, un total de 366 agentes de desarrollo local trabajarán en 158 municipios de la región para facilitar la creación de empleo, la constitución de empresas y organizar los recursos de formación en cada una de esas zonas del territorio.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado conceder 1,8 millones de euros para la atención de personas con discapacidad física e intelectual en los centros de Rivas, Fuenlabrada, Leganés y Madrid, una atención que se presta de manera gratuita, ha recordado González.

Por último, el vicepresidente autonómico ha señalado que se ha aprobado también la modificación de los estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. En este sentido, ha explicado que se trata de la cuarta universidad que adapta su estatuto según lo previsto a la Ley Orgánica de Universidad, que da un plazo para dicha modificación de seis meses.