MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid aprobará esta tarde una Proposición no de Ley (PNL) en la que se acuerda reclamar a la Comunidad de Madrid que pida al Gobierno central que aporte los datos de los madrileños empadronados en el extranjero.
En concreto, el texto presentado por el Grupo Parlamentario Popular quiere que la Comunidad solicite el Gobierno de la Nación "la efectiva colaboración y cooperación para prestar la atención y protección de los madrileños residentes en el extranjero, en la forma mas eficaz y eficiente, proporcionando los datos requeridos del Padrón de Españoles Residentes en el Exterior (PERE) a la Administración Autonómica de Madrid".
El texto de los 'populares' señala que el 11 de febrero de 2009, la Administración autonómica solicitó los datos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero ante la Comisión Sectorial de la Ciudadanía Española en el Exterior para "mejorar la eficiencia dentro de las políticas desarrolladas por el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ámbito de la atención y protección de los madrileños residentes en el extranjero" y añade que "transcurrido un año no se ha recibido respuesta alguna".
El texto indica que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene entre sus objetivos "promover políticas y acciones dirigidas a los madrileños residentes en el extranjero que les permitan ejercer sus derechos y deberes constitucionales en condiciones de igualdad con los que residan habitualmente en Madrid" y señala que para cumplir con los objetivos de desarrollo y fomento de las políticas y programas que la Comunidad de Madrid está desarrollando en beneficio de los madrileños residentes en el extranjero "resulta imprescindible disponer de los datos referentes al Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero (PERE), referidos a los ciudadanos que consten como inscritos en el mismo en cualquiera de los municipio pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Madrid".
"La Administración Central ha tenido tiempo más que suficiente para dar respuesta a esta derecho, lo cual, no hace más que retrasar y dificultar el desarrollo de las políticas puestas en marcha por la Administración Autonómica", expone el escrito, que reclama los datos al ejecutivo central.
