MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, ha ratificado este jueves que la Abogacía General se personó en su momento en la causa judicial abierta por la Audiencia Nacional por el supuesto derroche en el proyecto de obras del fallido Campus de la Justicia y esperarán a que los jueces concreten el menoscabo económico causado para una posible reclamación a los promotores.
La consejera ha sido preguntada esta mañana al respecto en los pasillos de la Asamblea de Madrid, antes del inicio del Pleno, después de que la Cadena Ser haya desvelado un informe en el que los máximos servicios jurídicos habrían defendido que los responsables de aquel proyecto deben "restituir y reparar el daño económico ocasionado y la indemnización de los perjuicios causados", al tiempo que pide a la Comunidad que reclame "el menoscabo ocasionado por el perjuicio patrimonial que ha sufrido, con pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas".
"Cuando tuvimos conocimiento del informe del Tribunal de Cuentas se elevó a la Abogacía General, y ésta emitió un informe, donde recomendaba personarse en la causa. Y así lo hemos hecho. La Comunidad está personada en la causa y la causa se está instruyendo, y lógicamente como toda causa penal se sigue el procedimiento. En ese periodo de instrucción se investiga todo lo que ha ocurrido y cuando termina las partes personadas emiten su escrito de calificación, en la que se dirimen las responsabilidades civiles y penales", ha explicado la consejera.
Según ha especificado, es al término de esa fase de instrucción en la que se encuentra ahora el procedimiento judicial cuando se concrete el montante del daño económico causado y que, por tanto, hay que esperar a ese momento para posibles acciones posibles de restitución.
Ibarrola ha explicado que siguieron las recomendaciones de la Abogacía General, que señaló un posible menoscabo económico y la conveniencia de elevar el informe del Tribunal de Cuentas a la Fiscalía, que abrió diligencias. Entonces, a petición suya se personaron en la causa judicial el mismo día que el Juzgado les hizo el ofrecimiento de acciones.
"La Fiscalía dice que puede haber una menoscaba económico y hay que personarse y nosotros les hemos hecho caso. La Comunidad lo que va a hacer siempre es defender el interés en los madrileños, como siempre ha hecho", ha reiterado para concluir.
INFORME DE LA ABOGACÍA
En el informe elaborado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid, fechado en abril de 2018 y recogido por Europa Press, los letrados hacen mención a un trabajo previo de la Cámara de Cuentas donde se destaca la condición de "evidente perjudicada" en el caso de la Administración regional.
Primero, porque era la accionista de la sociedad, y segundo, porque es quien ha desembolsado "el dinero procedente de sus partidas presupuestarias tanto para su creación como para su posterior ampliación de capital".
"El perjuicio patrimonial ocasionado, esto es, las pérdidas económicas derivadas de las actividades no fiscalizadas, no sólo son un hecho constatable sino que los efectos negativos para los recursos económicos de la Comunidad de Madrid no son tan siquiera susceptibles de cuantificar", añaden.
Por todo ello, los letrados de la Comunidad entienden que todo lo recogido en el informe de fiscalización del Campus de la Justicia, que comprenden desde el 2005 al 2015, deben ser directamente puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal. Además, añade que si la Consejería de Presidencia lo ve pertinente, puede personarse en el caso, paso que dieron desde el Gobierno regional después.
