El Gobierno pedirá que las PL llegadas del Parlamento cuenten con un informe legal y una memoria económica
MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha rechazado tomar en consideración, la mayoría por motivos económicos, siete Proposiciones de Ley aprobadas mayoritariamente por la oposición en la Asamblea de Madrid, devolviéndolas así a la Cámara regional para continuar su tramitación, la última la de Salud Bucodental.
Así lo ha reconocido este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Ejecutivo autonómico, Ángel Garrido. La mayoría de los rechazos se han debido a motivos económicos, aduciendo que la aprobación y puesta en marcha de esas leyes descuadrarían los presupuestos.
Precisamente, ese argumento ha sido dado hoy al Proyecto de Ley del Plan de Salud Bucodental registrado por el PSOE el 1 de septiembre en la Mesa de la Asamblea y que se aprobó llevarlo a Pleno cuando corresponda.
"Hemos presentado nuestras discrepancias con el acuerdo sobre la Mesa de la Asamblea tras consultar con las Consejerías de Economía y Empleo porque supondría un incremento del gasto y de los recursos humanos necesarios y la realización de nuevos contratos de gestión del servicio público", ha detallado Garrido.
El portavoz regional ha explicado que se acogen al artículo 151 para mostrar su criterio desfavorable a la toma de consideración de la proposición. Eso sí, ha recordado que el Ejecutivo regional no puede paralizar una proposición de Ley del legislativo madrileño, ya que el PP no tiene mayoría absoluta en la Mesa.
De hecho, en las siete ocasiones la Mesa de la Asamblea ha rechazado las discrepancias del Consejo de Gobierno y ha seguido su tramitación legislativa. Así, el Proyecto de Ley sobre Salud Bucodental será debatido en comisión y luego pasará a Pleno, donde podrá ser aprobada o no.
En se punto, Ángel Garrido ha anunciado que pedirán formalmente que las Proposiciones de Ley llegadas de la Asamblea cuenten con su informe de legalidad y con memoria económica, unos trámites que sí que están obligados a pasar los proyectos que nacen del Gobierno regional.
