MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) - El Consejo de Gobierno ha acordado la tramitación urgente del decreto que suspenderá temporalmente la concesión de nuevas licencias de apertura de establecimientos de juegos colectivos de dinero y azar, salones de juego y locales específicos de apuestas. Según ha anunciado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa, dicha suspensión se mantendrá hasta la aprobación del nuevo decreto de planificación de la actividad sobre el que está trabajando el Ejecutivo regional. "Esto es así porque somos un Gobierno liberal que está a favor del a libre competencia, de conjugar esta actividad reglada, que crea muchos puestos de trabajo, con una planificación equilibrada y con un problema de salud pública", ha indicado a continuación. La jefa del Ejecutivo autonómico ha recordado que en la actualidad hay 678 puntos de apuestas en la región, de los que 4 son casinos, 171 son locales específicos de apuestas, 470 salones de juego y 33 bingos. Además, han reconocido que, desde 2014, cuando había 76 casas de apuestas registradas, este tipo de establecimientos ha aumentado un 125 por ciento. Ayuso, que ha reconocido que la autonomía tiene "una media muy superior al resto de España", ha hecho hincapié en que están detectando que hay "una concentración excesiva en algunos distritos de Madrid" así como una "edad muy determinada de acceso" a los mismos, que en el futuro "genera ludópatas". En este sentido, la dirigente autonómica ha señalado que han tomado esta decisión por la defensa del interés general, la protección de los derechos de los usuarios y consumidores y a las demandas de distintos colectivos y asociaciones. "Nosotros consideramos que no podemos regularlo todo, reglamentarlo todo. No todo es una cuestión de una ley pero cuando no la hay también se crea un efecto salvaje. Queremos paralizarlo temporalmente, suspenderlo, pero no significa que no se vuelvan a dar", ha insistido. Otras medidas tomadas al respecto son el impulsar un centro de prevención e investigación sobre ludopatía y nuevas adicciones en adolescentes y niños así como la formación en los centros educativos dirigida a alumnos, docentes y familias para combatir estas adicciones. Además, la Comunidad anunció la elaboración de una nueva normativa que deberá endurecer el régimen sancionador en lo que afecta a presencia de menores en los locales de apuestas y el régimen de publicidad al objeto de que, entre otras medidas, no se pueda vincular esta actividad a personas famosas. DISTANCIA CON CENTROS EDUCATIVOS Esto se complementa con lo ya aprobado el pasado mes de mayo vía decreto, cuando, entre otras cuestiones, se fijó una distancia mínima de 100 metros entre los salones de juego y locales de apuestas respecto a los centros educativos de enseñanza no universitaria. Además, se establecieron nuevos controles para evitar el acceso a estos locales, tanto de los menores de edad como de las personas inscritas en el registro de prohibidos. Con este decreto, los establecimientos deben habilitar un servicio de admisión y registro en la entrada, donde una persona tiene que identificar y registrar a quién quiera acceder a las instalaciones. Los propietarios de estos negocios han tenido un plazo de seis meses desde el pasado mayo para incorporar los nuevos controles de acceso, período que se puede ampliar a tres meses más si han de reformar el local. Asimismo, también se impide la rotulación de salones de juego y locales de apuestas con modalidades de juegos no autorizados en los mismos, como casinos, ruleta, etc. Se modificó la regulación de la exclusión de las máquinas con juegos infantiles o deportivos que conceden vales, fichas o elementos canjeables por regalos para prohibir aquellas que presenten una apariencia similar a las máquinas de juego para adultos. Por último, el texto establece que el 0,7 por ciento de la recaudación impositiva procedente del juego se destine a políticas de prevención y tratamiento de ludopatía por parte de la Administración. Este porcentaje puede suponer una recaudación aproximada de 1,2 millones de euros anuales, según los datos del Gobierno regional.
