El Supremo tumba más de 60 artículos de la actual ordenanza, "más del 90" por ciento, como destaca la oposición
MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
"La concesión de licencias en Madrid no se para porque hay soporte legal suficiente", independientemente de la decisión del Tribunal Supremo, mientras que los procesos se están "reconduciendo a la normativa estatal, regional y local", ha manifestado este miércoles el delegado de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento, Enrique Núñez, en la comisión ordinaria del ramo.
Así lo ha asegurado después de que el Supremo no haya respaldado los tres recursos de casación presentados por el Ayuntamiento confirmando de este modo la valoración dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en febrero de 2011, por la que se anulaban 62 artículos y cuatro disposiciones de la ordenanza de Régimen de Gestión y Control de las Licencias Urbanísticas de Actividades.
Núñez ha explicado que el Supremo "anula parte" de la ordenanza "al considerar que adolece de una ausencia de habilitación normativa que avale el sistema" que instauraba el texto --la entrada de la colaboración privada de mano de las ECLU--, en otras palabras, que se trata de una "cuestión formal, que entiende que la ordenanza no tenía rango normativo suficiente aunque no impugna el fondo del asunto, la colaboración público-privada".
Las ECLU seguirán vigentes "de momento" en la ciudad de Madrid, hasta que entre en vigor la nueva ordenanza del sector y la orden de la Comunidad. "La concesión de licencias en Madrid no se para porque hay soporte legal suficiente. Los procesos se están reconduciendo a la normativa estatal, regional y local", ha apostillado Núñez. Hasta que llegue la nueva ordenanza, las ECLU seguirán actuando y la gestión de licencias se ve amparada, después de la anulación del Supremo, con toda una batería de normas.
Así, Enrique Núñez ha desgranado todo un listado de normativa aplicable, como los artículos no anulados de la actual ordenanza, como el de la declaración responsable, introducido en 2012; la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas; la modificación de la ley de medidas urgentes de liberalización del comercio; la de dinamización de la actividad comercial de la Comunidad; la modificación de la de espectáculos; las ordenanzas fiscales que fijan los precios públicos y la norma sectorial de comercio.
La decisión del Supremo ha sido interpretada por el portavoz del área de IU, Ángel Lara, como un fiasco para el Gobierno municipal. "Van de fracaso en fracaso hasta la derrota final porque no se ha anulado parte de la ordenanza, como dice el delegado, sino el 99 por ciento de sus artículos", ha remachado después de opinar que se trata de "la enésima sentencia judicial que les dice que las decisiones deben ser amparadas por el derecho y no sólo por su mayoría absoluta".
También ha planteado dimisiones ya que el pago de costas pasará factura a los bolsillos de los madrileños. La "inseguridad jurídica para los ciudadanos" ha sido apoyada por el socialista Diego Cruz, que ha criticado que se aprovechara la operación Guateque como excusa para "criminalizar a los funcionarios dando paso a la privatización, al negocio para algunos".
