MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha criticado en su Informe anual, publicado hace unos días, situación "muy dura" para multitud de personas sin luz ni energía eléctrica en la Cañada Real Galiana, "cuyas dificultades se han visto acentuadas por la falta de comprensión de esta realidad, que ha llevado a declaraciones que estigmatizan o incluso criminalizan a los afectados".
La Institución recibió el año pasado varias quejas sobre la falta de suministro eléctrico en el sector 6 de la antigua vía pecuaria, situación que comenzó en el mes de octubre y que después se extendió al sector 5, y que todavía se encuentra sin resolver.
Las actuaciones incluyeron una solicitud de informe a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, una reunión telemática con representantes de los afectados y una visita presencial a los sectores 5 y 6, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2020.
La visita sirvió para comprobar los severos efectos de la prolongada privación de suministro eléctrico: personas afectadas por enfermedades pulmonares crónicas han empeorado su estado de salud; personas mayores que no pueden tomar su medicación porque de noche, a oscuras, no logran encontrarla; menores en edad escolar que ven vulnerado su derecho fundamental a la educación, al no disponer de electricidad para realizar sus tareas tras la puesta del sol y no poder asearse convenientemente (durante la visita se refirió un incremento del absentismo escolar vinculado a que los menores son objeto de burla por su olor y falta de limpieza).
Asimismo, el informe remarca que se dan casos de personas electrodependientes privadas de suministro que apenas pueden recargar las baterías de sus equipos sanitarios. Incluso se produjo el ingreso hospitalario de un recién nacido con cianosis debido al frío y una niña ingresada por inhalación de monóxido de carbono, debido a que sus padres utilizaban una estufa de leña como fuente de calor.
Fruto de esta labor, el Defensor del Pueblo recomendó a la Delegación del Gobierno en Madrid y a la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid una acción inmediata orientada a garantizar el derecho al suministro eléctrico en la zona, así como medidas de más largo alcance para que las personas afectadas puedan contratar un suministro eléctrico de manera legal y segura, para dar cumplimiento al Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 2017.
Las actuaciones se mantienen abiertas, pero, al cierre de estas páginas, la Institución consigna su "preocupación ante la falta de medidas para dar una solución, siquiera de emergencia, a esta cuestión a pesar de la crudeza, en algunos momentos extrema, de los meses invernales".
