MÓSTOLES, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo ha instado tanto a la Comunidad de Madrid como al Consorcio Urbanístico Móstoles Sur a que exijan a la promotora Larcovi el cumplimiento íntegro de las condiciones en las que resultó beneficiaria de parcelas en las que irán situados pisos de alquiler con opción a compra del Plan Joven del Gobierno regional, donde los adjudicatarios denuncian, desde hace meses, varios incumplimientos.
Múgica insta a que se cumplan también "las condiciones de aplicación por la normativa reguladora de las viviendas con protección pública, de modo que queden totalmente garantizados los derechos de los beneficiarios de las viviendas".
En un informe emitido este mes de marzo al que ha tenido acceso Europa Press, el Defensor del Pueblo explica que el Ayuntamiento de Móstoles ha mantenido reuniones con los afectados y con la promotora y que el Instituto Municipal del Suelo ha recomendado a los adjudicatarios que al verificar dicha elección dejen constancia expresa de su disconformidad con el arrendamiento de una segunda plaza de garaje, después de que estos denunciaran que la promotora les exigía a adquirirla.
En dicho informe, Múgica deja claro que el Ayuntamiento entiende, al igual que los afectados, que el arrendamiento y posterior adquisición de la segunda plaza de garaje no pueden ser impuestos por la promotora.
Múgica también explica que el Consorcio Móstoles Sur ha dirigido un escrito a la oficina de entrega de promociones del Plan Joven de la Comunidad de Madrid en el que pone de manifiesto los incumplimientos que considera que está llevando a cabo la promotora Larcovi, adjudicataria de parcelas ubicadas en el PAU-4 de Móstoles.
"También se ha personado en calidad de interesado ante la Dirección General de Vivienda en el procedimiento de calificación de las viviendas concernidas al objeto de informar de las condiciones de adjudicación y justificar los incumplimientos de la reseñada promotora. Además, pide que se deniegue la calificación definitiva por entender que si se estima, podrían afectarse derechos e intereses del Consorcio", añade Múgica en su informe.
El Defensor del Pueblo también explica que "el Ayuntamiento de Móstoles ha dejado constancia de la improcedencia de que exija un aval de 3.000 euros a la firma del contrato de arrendamiento con opción a compra, ya que el cobro de las rentas está suficientemente garantizado con el seguro de impago de éstas suscrito por la Comunidad de Madrid".
Múgica también se refiere a la aplicación del IVA a los contratos y considera excesiva la carga fiscal, especialmente en lo que se refiere a los jóvenes y máxime cuando tan sólo un porcentaje de la renta abonada se destinará al pago final de la vivienda.
Por último, el Defensor explica que "se ha trasladado a la promotora la conveniencia de que se programen visitas previas a las viviendas y facilite a los adjudicatarios copia del contrato de alquiler antes de que se les ponga a la firma".
REACCION DEL PSOE
La portavoz del PSOE en Móstoles, Paz Martín, manifestó a Europa Press que "se ha conseguido que el Ayuntamiento exija a la promotora que dé marcha atrás en la venta de la segunda plaza de garaje y también que se comprometa por escrito a que los pisos no puedan costar más de lo que iban a costar en un principio".
"La pelota está en el tejado de la Dirección General de Urbanismo, que no se ha pronunciado hasta la fecha, que es la que tiene que decidir la calificación final de las viviendas y, por lo tanto, fijar el precio. Esperamos que haga caso al Defensor del Pueblo", añadió.
NO SE VULNERARÁN CONDICIONES
La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Móstoles, que forman al 50 por ciento el Consistorio Móstoles Sur, emitieron ya el pasado mes de septiembre un comunicado en el que manifestaron que no permitirán que ninguna promotora vulnere el pliego de condiciones por el que se adjudicó el suelo para la construcción de viviendas en alquiler con opción a compra en el PAU-4.
En el comunicado conjunto, ambas administraciones informan de que se han reunido con la promotora Larcovi - Lazora, que resultó adjudicataria de 126 viviendas con plaza de garaje y trastero, a cuyos responsables han puesto de manifiesto la "inequívoca postura" que ambos mantienen, totalmente contraria a la obligatoriedad que tendrían los futuros inquilinos de alquilar además una segunda plaza de garaje.
Asimismo, Comunidad y Ayuntamiento explicaron entonces que estimaban que la promotora habría podido incumplir las condiciones del concurso público celebrado en febrero de 2006 para adjudicar estas viviendas "en lo que respecta a la obligación no prevista de acceder obligatoriamente a una segunda plaza".
DOS MIL AFECTADOS
A principios del pasado mes de septiembre, estos 2.000 adjudicatarios de viviendas de alquiler con opción a compra en el PAU-4 de Móstoles denunciaron que tendrían que pagar cantidades más altas por estas viviendas a pesar del compromiso adquirido por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la localidad cuando resultaron adjudicatarios de los pisos.
"La promotora nos ha confirmado, además, que no hay nada en la cocina salvo la toma de agua; es decir, ni grifos, ni fregadero, ni electrodomésticos ni nada. Tampoco hay armarios ni otras cuestiones a pesar de que nos dijeron que los pisos tendrían hasta piscina", explicó entonces la portavoz de los afectados.
Ya entonces, el Ayuntamiento de Móstoles aseguró que estas viviendas tendrán los precios comprometidos en el año 2006 con los adjudicatarios. El concejal de Urbanismo, Alberto Rodríguez de Rivera, confirmó que el precio del alquiler durante los primeros 7 años será de 453 euros más los gastos, mientras que el de adquisición será de 124.016 euros más el IVA, que según el Ayuntamiento supone "cifras prácticamente idénticas a las adelantadas en 2006 por el alcalde de Móstoles".
