MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, mantiene 116 dispositivos anti-maltrato activos de los 150 de los que dispone en total, un sistema pionero en el que la Comunidad de Madrid ha destinado un millón de euros para que los maltratadores cumplan las órdenes de alejamiento impuestas desde los tribunales madrileños.
El director general de Justicia, Gonzalo Quiroga, explico hoy que la implantación de brazaletes es un sistema del que varios países y Comunidades Autónomas gobernadas por distintos partidos políticos han solicitado la patente para poder aplicarlo en su territorio.
Este sistema pionero se mantiene activo desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior. La Comunidad de Madrid trata así de cumplir las últimas reformas normativas relacionadas con la implantación de medios tecnológicos para el control de las medidas de alejamiento que se pueden adoptar en el seno de los procedimientos referidos a la violencia de género.
La puesta a disposición de los equipos tecnológicos a los órganos judiciales ha exigido previamente la realización de un conjunto de actuaciones que coordinadamente dieran respuesta al escaso soporte jurídico y material para la implantación del sistema.
El Gobierno regional ha puesto especial cuidado en la implantación de estos dispositivos, realizándose de la forma más prudente y cautelosa posible, diferenciando que la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior se ocupa del control y seguimiento de estos dispositivos, mientras que la autoridad judicial es la encargada de autorizar su uso.
COORDINACIÓN ENTRE COMPETENTES
Para llevar a cabo la puesta en marcha de este sistema de prevención de violencia de género es necesaria la coordinación y colaboración entre la Administración, autoridades judiciales y policiales.
Por ello se estableció un protocolo de actuación para la implantación del sistema tecnológico de Detección de Proximidad que recoge las actuaciones de preparación, instalación y retirada del dispositivo, su control y seguimiento, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el tratamiento de las incidencias que puedan surgir ante las alarmas generadas por el sistema.
Comprobado en una primera fase el buen funcionamiento del sistema se presentó ante las autoridades judiciales y policiales y se llegó a un acuerdo para la implantación de un programa piloto con casos reales del que se encargarían los Juzgados de Violencia sobre la Mujer del Partido Judicial de Madrid. También se acordó la constitución y composición de la Comisión técnica de trabajo, integrada por el Juez Decano, miembros del Ministerio Fiscal y responsables de la Comunidad de Madrid, para evaluar y analizar los resultados de la primera implantación.
El sistema de detección de proximidad para mujeres víctimas de violencia de género, puesto en marcha por la Comunidad de Madrid, posibilita un seguimiento de 24 horas, los 365 días del año y un servicio de atención telefónica y tratamiento psicológico a la víctima.
