MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
Ecologistas en Acción ultima una denuncia penal contra varios de los responsables que aprobaron y ejecutaron el proyecto de desdoblamiento de la M-501, según han anunciado en un comunicado.
A partir de que el Tribunal Supremo haya remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el expediente de la carretera para que se lleve a efecto lo acordado, "comienza la cuenta atrás para que el Gobierno regional ejecute la sentencia", han señalado.
Según han recordado, el Gobierno de la Comunidad de Madrid "tiene un plazo de tres meses para comunicar al TSJM la forma en que piensa cumplir la sentencia que anula el desdoblamiento de la carretera e insta a devolver los terrenos a su estado original".
El pasado 14 de febrero el Tribunal Supremo ratificaba la sentencia del TSJM que tres años antes anulaba el acuerdo de Consejo de Gobierno que declaró de interés general el desdoblamiento de la carretera M-501, la aprobación del mismo por parte de la Consejería de Transportes y las expropiaciones llevadas a cabo.
A partir de ahora, el TSJM "deberá designar la administración u órgano responsable de cumplir con la sentencia y tendrá un plazo de tres meses para presentar el proyecto de ejecución". "En caso de no ejecutarse la sentencia de manera voluntaria, Ecologistas en Acción, presentará una demanda de ejecución con sus correspondientes costas", han anunciado.
Asimismo, la organización ecologista ha lamentado que "las decisiones judiciales cuando les son desfavorables sean objeto de burla y despreciadas por miembros del Gobierno regional".
"Si realmente las sentencias no sirven para nada, y la lentitud con que son emitidas impiden su ejecución, queda en papel mojado el tercer pilar de la democracia, el poder judicial y por tanto la tutela judicial efectiva", han sentenciado.
"En este caso, no sólo no se ha pedido disculpas a los ciudadanos por tomar una decisión ilegal, sino que además se ha afirmado su intención de no cumplir la sentencia y de seguir desdoblando el tramo que queda entre Navas del Rey y el límite con la provincia de Ávila", han proseguido. Por ello, han considerado que "la Justicia debería tomar nota de la burla que gobiernos y administraciones hacen de sus decisiones".
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