EpC.- CCOO exige a las administraciones que cumplan el fallo y permitan impartir la asignatura en todos los centros

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) - La Federación Regional de Enseñanza de Madrid de CCOO instó hoy a la Consejería de Educación y al Gobierno regional a cumplir la Ley y a adoptar las medidas necesarias para que todos los centros autorizados a impartir la enseñanza obligatoria en la Comunidad de Madrid ofrezcan a todos los alumnos dicha materia obligatoria, en los términos establecidos en la Ley Orgánica de Educación.

Ante el fallo del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de impartir la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y tras la objeción fomentada por determinados sectores en contra de impartir esta materia y el absentismo promovido entre los hijos de sus partidarios para que no acudan a esta clase, CCOO denuncia que este asunto ha sido utilizado de manera partidista por determinadas organizaciones sin tener en cuenta los problemas que la objeción está causando en los centros escolares.

"Hemos asistido a un falso debate provocado por motivos ajenos a la enseñanza y a los contenidos disciplinares de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos", indica en un comunicado.

El sindicato comparte que los contenidos de esta asignatura están basados en los principios fundamentales de la Constitución Española actual y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. "Estos principios aspiran a la transmisión y puesta en práctica de valores que favorecen la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, ayudando a superar cualquier tipo de discriminación, en perfecta consonancia con los fines y principios de nuestro sistema educativo", plantea CCOO.

Por último CCOO, ante la situación que se ha creado en los centros educativos, exige que el Ministerio de Educación y el Gobierno regional impulsen urgentemente medidas que permitan solucionar las disfunciones y lagunas conceptuales creadas por atender la demanda injusta de los defensores de la objeción de conciencia.