MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha defendido la gratuidad de la prestación del servicio público por estancia o atención en centros de servicios sociales para personas con discapacidad", tal y como establece la propia Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales, y se ha unido a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para reformar la Ley de Autonomía Personal y Dependencia.
Según ha informado este martes la organización en un comunicado, la ILP, impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) bajo el lema 'Afirma tus derechos, firma contra el copago confiscatorio', pretende la consecución de las 500.000 firmas necesarias para que prospere y la modificación del copago llegue al Congreso de los Diputados para su posible admisión y debate.
Pese a lo establecido en la anterior normativa para la Comunidad, la federación ha reclamado la modificación de los criterios estatales de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con el fin de que sean equitativos, justos e iguales, ya que, a juicio de FAMMA, en la actualidad son "gravosos para las personas con discapacidad".
A su juicio, dichos ámbitos de actuación, autonómico y estatal, deben ser "complementarios y nunca excluyentes", y velar por que se respeten siempre y en todo momento los derechos fundamentales y de autonomía personal de las personas con discapacidad.
Dicha Ley estatal recoge, entre su catálogo de servicios, los de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y noche, atención residencial o cuidados personales. No obstante, FAMMA cree que el artículo 33, que señala que "los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas" ha derivado en "copagos discriminatorios e injustos".
Para el presidente de FAMMA-Cocemfe Madrid, Javier Font, "es preciso que se incorporen garantías para que las personas con discapacidad gocen de una óptima calidad de vida, y para que se tengan en cuenta debidamente a aquellas que se hallan en una situación de mayor vulnerabilidad social por los condicionantes económicos o familiares"
Por su parte, el presidente de Cocemfe, Mario García, ha explicado que "durante la crisis las personas dependientes se han visto obligadas a incrementar de media su aportación económica más de un 60 por ciento y la falta de una regulación para todo el país nos ha dejado copagos muy dispares e inasumibles en muchos casos".
Por este motivo, el sector de la discapacidad ha apostado por impulsar una ILP de modo que se establezca que las personas que estén por debajo del 2,5 el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) quedarán exentas del copago. De la misma manera, ha pedido que se fije la aportación máxima en el 60 por ciento del precio de referencia del coste del servicio y que se asegure un mínimo para gastos personales, que no sea inferior al 40 por ciento de la capacidad económica.
Por eso, FAMMA ha animado a toda la ciudadanía a apoyar la ILP, porque "está en juego el futuro de miles de personas" y porque, debido al envejecimiento poblacional, la consecución de mejores niveles de bienestar en este ámbito "no solamente beneficiará a las personas con discapacidad, sino a muchos otros colectivos, como el de mayores".
