La FAPA exige a la Comunidad que anule "inmediatamente" la privatización del Miguel Ángel Blanco tras sentencia del TS

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Regional de Asociaciones de Padres (FAPA) de la Comunidad de Madrid Francisco Giner de los Ríos ha exigido este jueves a la Comunidad de Madrid que anule "inmediatamente" la privatización del colegio Miguel Ángel Blanco, en El Álamo, tras la sentencia del Tribunal Supremo que rechaza un recurso de Educación.

El Supremo ha inadmitido un recurso de casación presentado por la Comunidad de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que declaraba "nulo de pleno derecho" el decreto por el cual se cambiaba la titularidad pública del colegio Miguel Ángel Blanco, en El Álamo.

La FAPA ha trasladado "expresamente" su satisfacción por este fallo que ha obtenido conjuntamente con la Federación Regional de Enseñanza de Comisiones Obreras de Madrid, y ha exigido "que los responsables del Gobierno regional y su Consejería de Educación y Empleo anule "inmediatamente la privatización del Colegio Público Miguel Ángel Blanco para que vuelva a ser público".

En la misma dirección, han exigido a los responsables políticos que "asuman sus responsabilidades personales por una actuaciones que se han demostrado carentes de argumentos y fuera de la legalidad vigente".

La Federación Francisco Giner de los Ríos considera que el fallo del Tribunal Supremo es "una nueva demostración de que el Colegio Miguel Ángel Blanco nunca debió ser privatizado" y que el Ejecutivo autonómico "no tiene argumentos para oponerse a la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 106/2009 mediante el que se le quitó el carácter de público a dicho centro educativo".

Para la FAPA, lo dictado en la sentencia del TSJM significa "que la creación, modificación o supresión de un centro educativo es una cuestión que afecta directamente a la programación general de la enseñanza" y que la participación en ello de los sectores involucrados en la educación "es ineludible por las Administraciones educativas".

Además, considera que no se puede limitar la participación "como pretende reiteradamente la Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid" y que el dictamen preceptivo del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid "en estos supuestos es imprescindible", por lo que la inexistencia de dicho Informe "anula de pleno derecho el Decreto".

En el mismo sentido, añade que el no haber cumplido con la obligación de tener el dictamen preceptivo "supone una indefensión de los interesados" y que solicitar el dictamen a posteriori supone "vaciar de contenido la obligación establecida". "Como resumen, la actuación de la entonces Consejería de Educación fue un cúmulo de despropósitos y de actuaciones inaceptables", ha concluido.