El fin de 'letra pequeña' en hipotecas empieza a tramitarse en febrero

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MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   La ley de transparencia hipotecaria que ha preparado el Gobierno de Esperanza Aguirre empezará su tramitación este mes de febrero en la Asamblea de Madrid, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía.

   El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid remitió al término de 2011 a la Cámara madrileña el Proyecto de Ley con la intención de, una vez entre en vigor el texto, lograr una mayor protección al consumidor y eliminar la 'letra pequeña'.

   La presidenta regional, Esperanza Aguirre, explicó entonces que, después de que el Consejo Consultivo analizase el texto "se aceptaron algunas de las alegaciones, otras no y otras parcialmente".

   Algo que desarrolló de forma más extensa el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, que explicó que "las sugerencias derivadas del análisis del Consejo Consultivo se centraron en el análisis de la oferta vinculante".

   "Las dos cuestiones han sido aclarar que la entidad financiera no va a estar obligada a dar una oferta vinculante al cliente. Por otro lado, lo que se ha decidido es aclarar que si entre la oferta vinculante y el contrato que se hace hay alguna discrepancia, la entidad financiera estará obligada a decir qué discrepancias ha introducido (para que consten de forma explícita)", indicó.

   Manglano añadió que "este Proyecto de Ley está basado en que el consumidor tiene que estar completamente informado de sus obligaciones y de las consecuencias de un impago, así como del patrimonio con el que sería responsable de no pagar la hipoteca".

LA LEY

   El anteproyecto de Ley contempla que los consumidores deberán disponer previamente a la firma del contrato de la información necesaria para su correcta comprensión.

   Por este motivo, se exige a las empresas o entidades de crédito que, con carácter previo a la oferta, faciliten por escrito al consumidor una información "especialmente detallada" en la que se identifique la identidad concedente, el tipo de crédito o préstamo a percibir, el importe total estimativo y las obligaciones que el consumidor contraerá en caso de la formalización del contrato.

   Deberá por tanto incluirse la especificación de si el contratante de estos productos incluye como garantía la vivienda hipotecada y el resto de los bienes del comprador o si la única garantía es la vivienda (dación en pago).

   El texto exige que esta información sea redactada de manera "transparente, clara, concreta y sencilla, utilizando el tamaño de letra apropiado para facilitar su lectura". La empresa o entidad que concede el préstamo o crédito con garantía hipotecaria deberá acreditar de forma fehaciente la entrega al consumidor de toda la información con carácter previo a la oferta.

SANCIONES

   Tras las tasaciones del bien hipotecado y, en su caso, de las oportunas comprobaciones sobre la situación registral de la finca y la capacidad financiera del prestatario, las entidades financieras deberán efectuar una oferta que deberán hacer llegar al consumidor en los mismos términos que la información previa a dicha oferta (o, como ha explicado el consejero, explicitando los cambios).

   Además, una vez que acepte la oferta, la Ley garantiza al consumidor el derecho a examinar el proyecto de documento contractual con una antelación mínima a tres días hábiles anteriores a la firma de la escritura pública en el despacho del notario.

   La ley contempla sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones especificadas sobre el procedimiento de contratación, así como en caso de discrepancia entre la oferta vinculante y el proyecto de documento contractual. Estas sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, pudiendo alcanzar en este último caso los 600.000 euros.