Fiscal rebaja a 5 años de cárcel la petición de pena para una funcionaria por dar papeles irregularmente a inmigrante

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La representante del Ministerio Fiscal ha rebajado de 12 a 5 años y un día de cárcel la solicitud de condena para una funcionaria de la Brigada Provincial de Extranjería de Madrid por dar papeles de forma irregular a inmigrantes a cambio de cantidades de entre 2.000 y 5.000 euros.

En la última sesión del juicio, la fiscal ha reducido la pena ante la confesión de los hechos por parte de Ana María L.V., quien aseguró que lo hizo por las dificultades económicas que atravesaba debido a varias operaciones a las que se sometió por su enfermedad de obesidad mórbida.

Asimismo, ha acordado retirar la imputación respecto a otra de las acusadas de participar en la trama, mientras que ha mantenido la pena de cinco años de cárcel para el resto de procesados. En la vista, todos negaron su vinculación a la supuesta red ilegal por falsedad documental y cohecho continuado.

"Yo modificaba los papeles o bien recogía documentos que no se correspondían con los que había que entregar. Por ejemplo, si había que entregar un certificado de penales y no lo traían, yo decía que sí se había entregado. A cambio, cobraba entre 2.000 y 5.000 euros. Lo hice entre diez y doce veces. Sé que era irregular y estoy muy arrepentida por ello. Con ese dinero pagaba las deudas", manifestó Ana María L.V., la principal acusada.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Según el fiscal, Ana María L.V. alteró durante los años 2005, 2006 y 2007 al menos en 30 ocasiones, a través de los datos informáticos de su ordenador, el tiempo de permanencia de los extranjeros en España.

Así, hacía constar un periodo mínimo de permanencia en España de dos años, carecer de antecedentes penales y el país de orige de los referidos extranjeros, así como existir vínculos laborales en España por periodo no inferior a un año.

La alteración de los documentos se realizaba para conceder el permiso de residencia a cambio de una cantidad de 2000 y 5000 euros. Los otros acusados se encargaban de captar a ciudadanos extranjeros que necesitaban obtener dichos permisos teniendo pleno conocimiento de las circunstancias previas.