Por el gasto de 8.400 euros con la Visa municipal y el abono de 236.000 euros a proveedores
SERRANILLOS, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía del Área de Móstoles ha remitido al Juzgado de Instrucción número 6 de Navalcarnero la denuncia y documentación que remitió el alcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez (UDMA), el pasado noviembre contra la gestión de la exalcaldesa Olga Fernández, del PP, al estimar que, del estudio de los documentos, "se deduce la existencia de indicios suficientes de la comisión de un ilícito penal".
Así se desprende de una carta remitida desde la Fiscalía mostoleña al regidor serranillero, a la que ha tenido acceso Europa Press. En el documento, fechado el pasado 3 de febrero, se notifica Antonio Sánchez que "se ha acordado la presentación de denuncia ante el Juzgado Decano de Navalcarnero, dado que del estudio de los hechos y las investigaciones realizadas --argumenta Fiscalía-- se deduce la existencia de indicios suficientes de la comisión de un ilícito penal".
La remisión del escrito se produjo después de que el alcalde fuese interpelado por la Fiscalía por este asunto durante varias horas, momento en que el primer edil "ratificó los términos expuestos en la denuncia", según fuentes municipales.
El alcalde puso en conocimiento de Fiscalía el pasado 17 de noviembre diversa documentación por si en la gestión de la exalcaldesa se pudieron cometer los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento público.
En la documentación, Sánchez pedía investigar el gasto de 8.400 euros que cargó la exalcaldesa a la tarjerta Visa municipal durante la pasada legislatura para la adquisición de "bolsos de firma, material informático y de telefonía móvil", así como muebles, ropa de hogar y vajillas, y de los que, según Sánchez, "no hay constancia del material adquirido ni en el Ayuntamiento ni en el resto de dependencias municipales".
Además, reclamaba a la Fiscalía la indagación en el pago de 236.700 euros que realizó el Ayuntamiento a proveedores dos días antes de que la exalcaldesa abandonase el cargo, concretamente los días 9 y 10 de junio. En esa partida figuraba el abono de un total de 23.093 euros a familiares directos a través de varios pagos.
Según ha declarado el regidor, "si bien esos pagos corresponden a deuda adquirida por el Ayuntamiento, y que debían ser abonados, se realizaron bajo unos criterios poco objetivos y sin tener en cuenta la prelación de pagos que establece la ley".
"No se tuvo en cuenta la antigüedad de las facturas o la urgencia de los servicios prestados, ya que el Registro contempla facturas impagadas mucho más antiguas que las abonadas durante esos dos días", ha señalado, tras apuntar a la detección de "gravísimas irregularidades como la inexistencia de expedientes de aprobación de gasto, el incumplimiento de obligaciones derivadas del otorgamiento de subvenciones autonómicas o la ausencia de reconocimiento de facturas".
Según Sánchez, la Fiscalía también ha denunciado "ante el juzgado Decano de Navalcarnero a la anterior secretaria municipal, al exinterventor y a quien fuera tesorera del Ayuntamiento, la 'popular' Pilar Montero, que continua siendo concejal de la oposición, como corresponsables de los supuestos delitos".
Ante ello, ha asegurado que "es necesario que Olga Fernández explique y justifique por qué ha jugado con el dinero de todos los vecinos dejando las arcas municipales en una situación caótica", así como que aclare por qué "prefirió pagar a sus amigos y familiares antes de, por ejemplo, pagar de las nóminas de los trabajadores", ya que, "al dejar casi vacías las cuentas municipales, vieron peligrar sus sueldos".
NO HA RECIBIDO COMUNICACIÓN
Por su lado, la exregidora 'popular' ha asegurado, en declaraciones a Europa Press, que no ha recibido comunicación oficial alguna y que, por ello, se abstendrá de realizar valoración alguna. No obstante, ha confiado en la legalidad de toda la gestión que ha sido objeto de denuncia por parte del Gobierno municipal.
Cuando el alcalde presentó la denuncia en Fiscalía, el pasado noviembre, Olga Fernández manifestó sentirse "muy tranquila" porque, según argumentó, eso le daría la oportunidad de "discutir" sobre estos asuntos con alguien que entiende de materia legal.
En este sentido, precisó que de los 236.000 euros abonados, 107.000 correspondieron a la paga de nóminas a trabajadores municipales y el resto, a pagos a proveedores, con "facturas aprobadas" y "contabilizadas".
Por su lado, también en noviembre, fuentes del Grupo municipal del PP de Serranillos admitieron que el anterior Ejecutivo realizó pagos al padre de la exregidora, pero precisaron que se trató de un contrato que data del año 2000, "cuando Olga Fernández no era alcaldesa aún".
Además, los 'populares' explicaron, a través de un comunicado, que con los pagos, "no se ha producido ningún tipo de alteración en la prelación de pagos, en cuanto a la antigüedad, mas allá de lo que permite la legalidad".
De hecho, los 'populares' manifestaron que "prueba de ello es que el interventor no puso ningún reparo de legalidad a ninguno de los pagos realizados".
Además, puntualizaron que "todos los pagos realizados mensualmente se correspondían con facturas presentadas en el Ayuntamiento en base a contratos en vigor, lo que hacía legales todas las transacciones".
Este hecho, según el PP, quedó "demostrado a través de las facturas aprobadas y contabilizadas y los pagos revisados y firmados por el interventor del Ayuntamiento sin realizar ningún reparo de legalidad".
En cuanto a las advertencias del Gobierno local de acudir a Fiscalía, el PP aseguró que existía "tranquilidad absoluta" porque no tenían "ningún problema en acudir ante los tribunales".
