IU-CM presenta 16 propuestas para que los cargos públicos no puedan beneficiarse de intereses económicos en el ejercicio de sus cargos
MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El coordinador general de IU-CM, Gregorio Gordo, ha remitido una carta a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, en la que propone abrir un debate conjunto para aprobar unas medidas que imposibiliten los casos de corrupción en la Comunidad de Madrid.
En rueda de prensa en la sede de IU-CM, Gordo presentó una batería de 16 medidas para conseguir la "regeneración democrática" en la región" e "imposibilitar cualquier práctica que beneficie los intereses económicos privados, personales o de parte en el ejercicio de cargos públicos".
Entre las medidas se encuentra "forzar el abandono del escaño" a los diputados tránsfugas y "no apoyar ninguna propuesta que sea presentada por los mismos desde el grupo de no inscritos" o "dar claridad y transparecencia en la declaración de bienes y actividades al inicio y al final de la legislatura".
En este sentido, preguntado por la publicación de los bienes de los ministros en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Gordo indicó que lo importante es saber "cómo entra y cómo sale" un cargo público de la administración, en referencia a la evolución de sus bienes a lo largo del desempeño de su cargo.
"No me parece mal que se conozca. A mí me parece más importante saber cómo se entra o cómo se sale más que saber cuál es la situación socioeconómica que puede tener un cargo público en un momento determinado", aseveró en relación a la publicación de los bienes de los ministros.
No obstante, a renglón seguido indicó que éste "no es el caso" de lo que ocurre en Madrid, porque "a la vista de lo que se conoce del sumario en el caso Gürtel, la mayoría de las cosas y de los pagos que ha habido por ahí han sido en dinero negro". "Me parece que debe haber alguno que estará en alguna situación de prácticamente la mendicidad porque puede tenerlo todo en dinero negro", apuntó.
DIPUTADOS IMPUTADOS
Estas medidas que propone IU y que ya avanzó en el Debate del Estado de la Región coinciden con la reforma que se ha empezado a tramitar en la Asamblea de Madrid con el fin de crear la figura del 'diputado no adscrito', de manera que los diputados regionales imputados en el caso Gürtel no conformen un Grupo Parlamentario, como sucedió en el 'tamayazo'.
En este sentido, Gordo se refirió al reclamo de la oposición de que los tres diputados imputados dejen el acta y dijo que la reforma tiene que llevarse a cabo de acuerdo a la ley, pero que "cuando hay fianza de por medio es que hay indicios suficientes para apreciar indicios de delito".
"Los cargos públicos no van en listas abiertas, no son nominales y por lo tanto, van en función del respaldo que tiene las organizaciones políticas en función del voto ciudadano", afirmó Gordo preguntado por el hecho de que se pueda forzar a un parlamentario a dejar su acta, a pesar de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que apunta a que el acta es de cada diputado y no se puede forzar su abandono.
En esta línea, Gordo afirmó que "lo más peligroso es que una persona o dos personas puedan retorcer lo que fue la voluntad popular" y tras destacar que acatan la sentencia del TC, dijo que no lo comparten.
Gordo indicó que no van a entrar "en una especie de competición de a ver quién tiene más indeseables por metro cuadrado en cada formación política, sino que sencillamente los indeseables no puedan operar en las instituciones, y no puedan operar utilizando la política en beneficio propio".
Asimismo, apuntó que quieren hablar la propuesta no sólo con los máximos dirigentes políticos de la región, sino con el tejido social de la Comunidad e incluso, que algunas medidas se aborden en las Cortes ya que son los competentes en la materia.
Por otra parte, Gordo se refirió a una de las "grandilocuentes frases" de la presidenta Aguirre quien, según indicó, llamaba "eje de la prosperidad" al eje Madrid, Valencia, Baleares, en tiempos en que Jaume Matas estaba al frente del Gobierno insular, y afirmó que "parece ser que se debía referir la presidenta a que debía ser la prosperidad en la que iban a estar algunos dirigentes del PP en estas localidades".
MEDIDAS PARA LA ÉTICA
Las medidas, que serán debatidas en la comisión ejecutiva regional de IU, pasan por "recuperar la ética y la seguridad jurídica" a través de un acuerdo con las fuerzas políticas parlamentarias para lograr medidas eficaces antitransfuguismo; u obligar a los diputados tránsfugas a abandonar el escaño y mientras tanto, que "sean neutralizado su papel e incidencia en las instituciones".
Desde IU quieren que se cree la figura del 'diputado no adscrito', que la comisión del estatuto del diputado tenga todos los poderes de investigación, que exista un "estricto y efectivo sistema de incompatibilidades", regular el reglamento de la Asamblea para mejorar la capacidad de la Cámara de control del gasto público; incorporar el código ético del cargo público, que ponga en relación lo establecido en la ley electoral y en el régimen de incompatibilidad; dar claridad y transparencia en la declaración de bienes y actividades al inicio y final de la legislatura y facilitar la relación de bienes y actividades de altos cargos a la Asamblea.
Además, apuestan por que los cargos se sometan "a cuantas solicitudes de información y comparecencia le sean demandadas", que se incorpore a la regulación legal "la mentira por parte de los miembros del Gobierno como una falta grave que pueda concluir en un proceso penal y en la comisión de un delito"; la imposibilidad de compatibilizar ser alto cargo o miembro del gobierno o diputado con el ejercicio de cargos propiedad de empresas o acciones en empresas que directa o indirectamente tengan relación con las administraciones públicas.
Entre las propuestas se encuentra regular por ley la agencia regional de vigilancia en materia de incompatibilidades, ética pública y de intereses; hacer auditorías ciudadanas en relación a la democracia en general y en relación a los servicios públicos; crear la oficina de control del presupuesto del Gobiernos; reformas legales para regular la incompatibilidad de los cargos de gobierno municipal y de los miembros de la comisión de urbanismo en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción o urbanismo, y reformar el delito de prevaricación y cohecho para garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción.
