MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -
El concejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, reconoció hoy que la Administración falló al no establecer las sanciones reglamentarias a El Balcón de Rosales, si bien incidió en que que el asesinato de Álvaro Ussía se trata de "un asunto de orden penal" que "no tiene nada que ver con las medidas administrativas que parecen que fallaron" al obviarse las irregularidades detectadas en las inspecciones realizadas.
Según Granados, "algunos de los mecanismos de la Administración fallaron a la hora de establecer, no ya el cierre, sino las sanciones reglamentarias en cada caso". "Eso hay que reconocerlo y habrá que explicarlo", puntualizó, aludiendo así a los oídos sordos de los competentes ante las siete peticiones de cierre instadas por la Policía Municipal para clausurar la discoteca.
Para "no perder la perspectiva de las cosas", el consejero hizo hincapié en que el crimen tiene que ver "total y absolutamente" con el Código Penal. "Con licencia sin licencia, con extintores en regla, con todos los papeles en regla, se hubiera producido lamentablemente el mismo hecho que se produjo" el pasado fin de semana, arguyó el dirigente popular tras asistir a la apertura de curso en la Academia de Policía Local de la Comunidad de Madrid.
"Independientemente de que desde el punto de vista administrativo se ha fallado en algo, el asunto es de orden penal relacionado con un delito de seguridad ciudadana", recalcó el dirigente popular, que calificó el crimen de "indecente, impresentable y execrable".
Granados apuntó que mañana informará al consejo de Gobierno acerca del borrador que regulará la actividad profesional de los porteros, entre otras materia. Se trata del reglamento que desarrolla la ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, en la que se incluiría cuáles son las funciones de un portero y su formación.
En este contexto, el consejero se pronunció sobre el borrador de la Ley de Policía Local, cuya aprobación "ayudará" a incrementar la seguridad en la noche madrileña. El texto está en trámites de redacción, en cuya negociación están participando sindicatos y asociaciones profesionales.
