La huelga secundada por un 40% de los jueces de Madrid provoca la suspensión de 555 juicios

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga de jueces y fiscales que en la región ha sido secundada por un 40 por ciento de la plantilla ha provocado la suspensión de 555 juicios, ha informado el TSJM.

En concreto, el número de jueces y magistrados que ha comunicado a la presidencia del TSJM su decisión de secundar la jornada de paro convocada hoy por las asociaciones judiciales es de 321 de los 801 posibles.

Por parte de la secretaría de Gobierno, se ha informado de que a las 13:30 horas, los órganos judiciales de la región habían suspendido como consecuencia del paro 555 juicios o vistas y 188 diligencias de otra índole. De las suspensiones de juicios o vistas, 400 se produjeron en madrid capital.

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Foro Independiente Judicial (FIJ), Asociación de Fiscales (AF), Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) convocaron el pasado 22 de mayo la segunda huelga de estos colectivos en España, que resultó ser la primera que hicieron de forma conjunta.

Las reivindicaciones que entonces se llevaron ante el Ministerio dirigido por el 'popular' Rafael Catalá son bien conocidas por Delgado, ya que participó en ella.

No obstante, según destacaron varias asociaciones tras una reunión que mantuvieron con Delgado, ésta les confesó que no compartía la huelga y que las negociaciones sobre las reivindicaciones de los miembros de las carrera judicial y fiscal se podían ver afectadas.

Unas "advertencias" que han sido rechazadas por cinco de las asociaciones, en un comunicado dado a conocer este viernes, al considerar que es una técnica que "recuerda épocas ya superadas" y que tiene el objetivo de "amilanar" para evitar la convocatoria.

Entre las reclamaciones, los jueces vuelven a exigir el reforzamiento de la independencia judicial, la modernización de la Administración de Justicia y la mejora de las condiciones profesionales.

Por su parte las asociaciones de fiscales pedían la derogación del sistema de plazos máximo de instrucción, la paralización de la implantación de la justicia digital, la atribución a la Fiscalía General del Estado de la formación de los fiscales, la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía presupuestaria.