Los 'indignados' piden que se investigue a las entidades financieras por la "pérdida masiva de vivienda"

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los 'indignados' han presentado ante los Juzgados de Primera Instancia de la calle Capitán Haya un escrito de denuncias colectivas con unas 200 firmas en el que se pide la apertura de una investigación a las entidades financieras y a otros presuntos responsables de la "pérdida masiva de vivienda".

Según ha aseverado a Europa Press un portavoz del movimiento 'indignado' que ha organizado esta "semana de lucha" en defensa del derecho a la vivienda que comenzó este pasado domingo con la 'okupación' de un inmueble en la calle Echegaray, además de las denuncias se ha informado a los viandantes para que presenten sus propios escritos, y se ha llevado a cabo una concentración frente a los juzgados en el que ha estado presentes medio centenar de personas aproximadamente.

El escrito presentado este martes, bajo el título de 'Denuncia por el funcionamiento de los Juzgados de Madrid en materia de desahucios ante la vulneración permanente del derecho a una vivienda', pide la paralización de cualquier proceso de ejecución que implique la pérdida de alojamiento.

Asimismo, han solicitado la adopción de medidas en la práctica judicial diaria al respecto de estos procesos de lanzamientos judiciales para que se garanticen los Derechos Humanos y aquellos recogidos por la Constitución Española, manifestando su apoyo, en el caso de que no se adopten estas medidas "a la objeción de conciencia entre los funcionarios públicos frente a desahucios y cualquier otra actuación que conlleve la violación del derecho a una vivienda digna".

En este sentido, han hecho referencia en sucesivas ocasiones a artículos en consonancia con la defensa de este derecho incluidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas y dos artículos de la propia Carta Magna española.

SITUACIÓN DE "ESTADO FALLIDO"

Para los organizadores de esta "semana de lucha", el hecho de que se registren unos 200 desahucios diarios en España, 40 de ellos en la región, según los datos que manejan, significa a su juicio "una quiebra sin paliativos de los principios del Estado Social y Democrático de Derecho que preside el ordenamiento jurídico".

"Por un lado, la vulneración sistemática del derecho a la vivienda impide considerar a España un Estado Social. Por otro lado, el incumplimiento de las normas internas e internacionales sobre vivienda impide considerar a España un Estado de Derecho. En materia de vivienda, la situación es equivalente a la de un "'estado fallido'", han aseverado en un comunicado.

Para este colectivo, la "práctica cotidiana" en la ejecución de los desahucios sin contemplar medida alguna de protección al derecho a la vivienda supone "la disolución del Estado de Derecho para millones de personas", al igual que denegar peticiones de suspensión "incluso en los casos en que no existe alternativa habitacional o se alegan motivos humanitarios", han dicho.

Asimismo, también han criticado que se deniegue esta suspensión aun en los casos en los que se esté todavía asignando un letrado de oficio para aquellas personas sin recursos, la ausencia de "un servicio de información adecuado para las personas amenazadas de desahucio" --denuncian que sí existen por el contrario servicios jurídicos que asesoran a las entidades financieras", y que en la ejecución de desahucios se recabe el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"El sistema judicial debe velar por la protección de los derechos de las personas, teniendo como bien jurídico superior la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales por parte de las autoridades y el imperio de la ley, que fundamenta todo el ordenamiento legal", han concluido.