MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -
Internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche han trasmitido al Defensor del Pueblo sus quejas sobre la calidad de la asistencia sanitaria que reciben, el "trato inadecuado" que afirman que reciben por parte de algunos funcionarios y la "ausencia de información comprensible" sobre su situación administrativa o acerca del procedimiento a seguir para formular una solicitud de protección internacional.
Así lo refleja el Informe anual de esta Institución, publicado este jueves, tras una visita sorpresa que realizaron en noviembre al CIE en compañía de un intérprete, al objeto de comprobar la situación de ocho internos respecto de los que se habían recibido quejas.
También se querían conocer las medidas de contingencia adoptadas, en relación con la situación de emergencia como consecuencia de la pandemia covid-19, tras la reapertura del centro. El nivel de ocupación era muy bajo en ese momento, con tan solo 43 internos. Cuatro de estos internos ya habían sido puestos en libertad en el momento de la visita. El Defensor mantuvo entrevistas individuales con los otros cuatro.
Además de constatar las quejas antes expuestas, respecto al protocolo que se sigue ante la emergencia sanitaria, el departamento comprobó que algunas de las medidas adoptadas deberían ser revisadas para que no produzcan limitaciones de derechos "desproporcionadas".
Así, en la sala de entrevistas se habían cerrado las ventanas de comunicación con el fin de evitar el intercambio de documentos en papel. Se alegaba por parte de la dirección del centro que se permitía la toma de fotografías de documentos con el teléfono móvil.
El seguimiento de las alegaciones de malos tratos que realizan los internos del CIE de Madrid ha sido, como todos los años, objeto de supervisión por parte del Defensor del Pueblo.
Por respeto al principio de independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional impide a esta institución entrar en el examen individual de las quejas sobre las que esté pendiente resolución judicial y le obliga a suspender su actuación cuando se interpusiese demanda o recurso ante los tribunales de Justicia.
ACTUACIONES ANTERIORES
Por otro lado, finalizaron las actuaciones practicadas, en relación con presuntos malos tratos denunciados por internos y que personal del Defensor del Pueblo trasladó a la fiscalía, con motivo de una visita no anunciada realizada en octubre de 2016. Ya dieron cuenta en el pasado informe anual de que estas diligencias fueron sobreseídas en 2019.
Las otras, en las que varios de los internos fueron acusados por la participación en un motín, finalizaron en enero de 2020 condenando a los acusados como sendos autores de desórdenes públicos y quebrantamiento de medida cautelar. Concluyeron también las actuaciones iniciadas en 2017, tras las alegaciones de malos tratos e insultos de índole racista y xenófobo a varios internos por parte de funcionarios de policía.
Tras la estimación del recurso interpuesto por el Ministerio fiscal, contra un auto de archivo provisional de diligencias previas, no recibieron declaración al denunciante por haber sido ya expulsado a su país, lo que motivó el sobreseimiento.
Por ello, el Defensor ha dado cuenta a la Fiscalía General del Estado de las "graves consecuencias de la falta de adopción de medidas de suspensión de la expulsión acordada, en los casos en los que consta denuncia por la presunta comisión de malos tratos, toda vez que la expulsión de los interesados supone la imposibilidad del órgano judicial competente de tomar declaración e impide el esclarecimiento de los hechos enjuiciados".
Ha sido sobreseído también el procedimiento judicial incoado en 2019, tras deducir el Juzgado de Control de CIE testimonio por un delito de tortura. La Fiscalía interpuso recurso contra una primera resolución que acordó el sobreseimiento provisional y solicitó la práctica de ciertas diligencias. Este recurso fue desestimado por la Audiencia Provincial de Madrid.
En junio de 2019, cinco ONG que prestan asistencia social o jurídica a los internos en el CIE de Madrid presentaron escrito ante la Dirección General de la Policía, solicitando la apertura de un expediente disciplinario al director del citado centro, alegando reiteradas vulneraciones a derechos de los internos. En enero de 2020, al no recibir respuesta, solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo.
La Administración ha informado de que se abrió una información reservada, que continuaba abierta a la espera de que se produjera la resolución judicial firme sobre los hechos. Dicha intervención judicial ha impedido que se comunique al promovente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.5 de la Ley Orgánica 5/2010, el acuerdo de incoación de expediente disciplinario o el archivo. Una vez que se adopte dicho acuerdo en uno u otro sentido, darán conocimiento al denunciante.
ACCESO AL PROCEDIMIENTO EN FRONTERA
Tras la reapertura de los centros de internamiento de extranjeros, el Defensor del Pueblo volvió a recibir quejas relacionadas con las dificultades para solicitar asilo en el CIE de Aluche, tras la notificación de un vuelo de repatriación. De este mondo, solicitaron información urgente a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que indicó que no constaba que el interesado se hubiera dirigido en ningún momento a los funcionarios manifestando su voluntad de pedir asilo, pese a los días que llevaba internado.
Tampoco constaba que hubiera registrado la intención de solicitar protección internacional en el libro de registro habilitado para ello, ni que se hubiera efectuado ninguna comunicación al respecto por parte de las ONG que realizan visitas al CIE. No obstante, en respuesta a las actuaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo, se indicó que se contactaría con el interno para facilitar el registro de la solicitud, si así lo deseaba.
La Administración reitera que en este tipo de centros se tramitan todas las solicitudes de protección internacional, incluso cuando la manifestación de la voluntad de solicitar asilo se lleva a cabo de forma verbal, como puede comprobarse al analizar los listados de los operativos de repatriación.
En el CIE de Madrid, existe un punto de registro para la recogida de las peticiones y quejas de los internos, entre ellas las solicitudes de asilo, donde debe hacerse entrega de una copia sellada y registrada de la petición.
El Defensor realizó una Sugerencia a la Dirección General de la Policía para que se deje constancia documental en todos los expedientes de personas privadas de libertad en el centro de que se ha informado por escrito del derecho a solicitar protección internacional, así como extremar las precauciones para que siempre se entregue este documento, se proceda al registro de la petición y se entregue copia al solicitante.
