Publicado 13/09/2021 14:46CET

Un juez obliga a la Comunidad a pagar "más de medio millón de euros" a los funcionarios de justicia

Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla
Juzgados ordinarios de Plaza de Castilla - EUROPA PRESS

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid ha obligado a la Comunidad de Madrid a incluir a los funcionarios de la Administración de Justicia en el reparto de los fondos adicionales, previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez estima un recurso de CSIF contra la resolución que dejó a los empleados públicos de justicia de la región sin percibir el incremento salarial de 2018 que sí cobraron los demás empleados públicos de Madrid.

En su recurso, el sindicato alegó vulneración del principio de igualdad por haber incurrido la Comunidad en discriminación respecto del personal al servicio de la Administración de Justicia.

La sentencia es susceptible de recurso. Fuentes regionales han indicado a Europa Press que la Abogacía de la Comunidad de Madrid está estudiando la resolución para decidir si se recurre.

El fallo señala que "la diferenciación en el cobro" de este fondo "no encuentra justificación en las alegaciones de la Administración" regional, que en su defensa sostuvo que la paga adicional complementaria del personal de Justicia correspondía al Estado y no a la Comunidad de Madrid".

Agrega que para no dejar excluido a ese personal podía haber imputado "el citado fondo a otros conceptos retributivos de los cuales la Comunidad de Madrid tiene competencia".

RECURSO DE CSIF

En concreto, la sentencia anula la resolución de la Consejería de Economía y Hacienda, de 4 de junio de 2019, que rechazó el recurso de alzada interpuesto por CSIF contra la resolución de marzo de aquel año que rechazaba la reclamación de cantidad.

Ahora, el juzgado considera dicha resolución no ajustada a Derecho y declara la obligación de la Administración regional a aplicar el apartado segundo del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de octubre de 2018, que se refería al ámbito de aplicación del reparto del 0,2% de incremento salarial adicional y que señalaba que "comprendía a todo el personal al servicio de la Comunidad de Madrid".

Así, recalca que no pueden ser aceptadas las razones que aduce la Administración demandada para denegar la aplicación del incremento adicional del 0,2% a los empleados al servicio de la Administración de Justicia, los que no están excluidos del ámbito de aplicación del Acuerdo".

De confirmarse esta sentencia, según señala el sindicato, la Comunidad de Madrid tendría que repartir entre los empleados públicos de Justicia de la región "más de medio millón de euros" que, según confirmó Función Pública a CSIF, era la cantidad destinada al personal de justicia para el abono de esta paga antes de que la Comunidad de Madrid decidiera no hacerla efectiva.

PLEITEANDO DESDE FEBRERO DE 2019

CSIF Justicia Madrid remitió, en febrero de 2019, dos escritos a la Consejería de Justicia en los que exigía el abono de esta paga adicional de complemento específico en los meses en los que se percibe la paga extraordinaria. Un aumento salarial que entonces ya había cobrado el resto de trabajadores públicos de la región.

CSIF denunció en aquel momento que para cuestiones restrictivas, como los recortes llevados a cabo en época de crisis, los funcionarios de Justicia sí eran considerados pertenecientes a la Comunidad de Madrid; en cambio, para cuestiones favorables al trabajador, como el incremento del 0,2% de la masa salarial previsto en el artículo 18.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, la Comunidad alegaba que era personal del Estado.

Además, el 1 de octubre de 2018, el entonces vicepresidente, consejero de Presidencia y Portavocía del Gobierno, Pedro Rollán, envió a todos los funcionarios de la Administración de Justicia, a través del correo electrónico corporativo, una carta en la que anunciaba el contenido del acuerdo, y por lo tanto, el abono del 0,2 %, incremento salarial que además era consolidable y que nunca se llegó a producir.

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