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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpables por unanimidad a un teniente general retirado de la Guardia Civil y a un empresario por un delito de cohecho en el denominado 'caso Cuarteles' en relación a irregularidades en la adjudicación de obras de mejora en instalaciones del Instituto Armado, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
El veredicto considera acreditado que el alto mando favoreció al empresario en la contratación de trabajos en distintos acuartelamientos a cambio de dádivas y beneficios. Se trata de un fallo sin precedentes por el rango del principal acusado, que se ha convertido en el primer teniente general de la Guardia Civil juzgado y declarado culpable por corrupción.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ejerce la acusación popular en el procedimiento, ha valorado muy positivamente el veredicto unánime del jurado, que declara culpable de cohecho a Vázquez Jarava. La asociación subraya que es la primera vez en la historia de la Guardia Civil que un mando de este rango es juzgado y declarado culpable por corrupción.
Los hechos enjuiciados se remontan a 2016 y 2017, cuando el teniente coronel ocupaba la Subdirección General de Apoyo de la Guardia Civil y tenía competencias sobre la gestión de recursos económicos del cuerpo.
Según las acusaciones, el teniente general recomendó a distintas comandancias contratar al empresario para realizar obras de impermeabilización y mejora de fachadas mediante corcho proyectado. Las empresas administradas por el condenado obtuvieron contratos por cerca de 1,4 millones de euros en 2016.
A cambio, el empresario habría agasajado al mando con viajes, estancias hoteleras y entregas de dinero en efectivo. Entre los beneficios investigados figuran desplazamientos para asistir a las finales de la Champions League de 2016 y 2017, además de cantidades en metálico que, según la información publicada sobre el veredicto, superaron los 39.000 euros.
La Fiscalía y las acusaciones populares ejercidas por la AUGC y la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC) habían solicitado un año de prisión para cada acusado por cohecho, mientras que las defensas reclamaban su absolución
