Con la venta de cinco inmuebles donde residen inquilinos con contratos de alquiler social
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz municipal del PSOE, Jaime Lissavetzky, ha denunciado que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, actúa como "la presidenta de un banco malo" al "querer echar" de sus viviendas a 120 familias residentes en cinco edificios del distrito Centro, que cuentan con alquileres sociales, porque el Ayuntamiento quiere vender estos inmuebles al sector privado con la única intención de "hacer caja".
Concretamente, se trata de los edificios situados en la Carrera de San Franscisco 16, Embajadores 46, Madera 24 y 26 y San Cayetano 8 y 10, donde casi todos los inquilinos, según remarcó, llevan residiendo más de 20 años en estos domicilios, propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), con alquileres sociales de carácter indefinido y que hace poco trabajadores sociales del Ayuntamiento les comunicaron que "estaban en venta" 106 casas de estas viviendas y, por tanto, romper el contrato establecido con posibilidad de reubicarlos en otras zonas de la ciudad.
El portavoz municipal del PSOE, acompañado de los ediles socialistas Marcos Sanz y Marisa Ybarra, han visitado una de las viviendas y se han reunido con los vecinos para analizar la situación, donde ha constatado la preocupación de los residentes afectados. Al respecto, ha recalcado que muchos de las personas afectadas son jubilados.
"Esto es una situación digna de Charles Dickens (...) Ahora viene la casera Botella y les dice que se van a la calle porque al tener mucha deuda tenemos que hacer caja", ha remarcado el portavoz socialista para tildar la situación de "increíble" y ha acusado a la alcaldesa de actuar como "la presidenta de un banco malo y pérfido" en lugar de tener en cuenta a las personas.
"No hay derecho a esto", ha apostillado para manifestar que su formación va a intentar paralizar estos planes de realojo, que ha tildado de "atropello" y de situación "dantesca" desde el punto de vista político o incluso el judicial, para remarcar que esta gestión municipal recuerda a los tiempos de "hace 30 o 40 años".
Mientras, uno de los portavoces de los vecinos afectados, Alejandro Florez Estrada, ha manifestado que los afectados se sienten como "mercancía" y que están sufriendo mucho por esta situación, que ha calificado de "pesadilla", dado que solo tienen contactos con trabajadores sociales y no cuentan con notificaciones oficiales. "Si salimos de esta va a subir la natalidad en el barrio", ha comentado con cierto humor para subrayar que todas las familias están enraizadas en el barrio.
Otro portavoz de los vecinos, Juan Antonio Gilabert Santos, ha criticado el papel del Ayuntamiento en este caso dado que los inquilinos tenían tenían alquileres sociales con carácter indefinido y que ahora, con la intención de venta por parte de la EMVS de estos cinco inmuebles, se les pretende reubicar a otras promociones, sobre todo en el PAU de Vallecas y Carabanchel, con contratos que solo tienen un periodo asegurado de cinco años.
Al respecto, ha comentado que esta situación les fue comunicada el 26 de octubre y estiman que a finales de navidad podría acometerse "el desalojo" de sus viviendas si el comprador de los inmuebles no quiere continuar con los alquileres en los términos vigentes actualmente.
Además, el portavoz vecinal ha explicado que dicha reubicación supone un trastorno personal para las familias, dado que sus hijos están escolarizados en el distrito, varios inquilinos tienen comparadas plazas de garaje, por ejemplo.
También ha recalcado que se han realizado unas obras de rehabilitación desde finales de julio, aunque estaban presupuestadas en 2010, para mejorar las viviendas y que ahora cuando prácticamente están terminadas se les plantee abandonar sus casas por una venta que se produce, además, por debajo del precio del mercado.
