MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid cree que el Gobierno tiene "la obligación" de rendir cuentas en el ámbito político y no escudarse "en el burladero del sobreseimiento" de la causa penal después de que la juez que investigaba las circunstancias en las que se autorizó la manifestación del 8M haya archivado el proceso y la imputación que pesaba sobre el delegado de Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Así lo ha señalado el consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, en declaraciones a los medios en las que ha mostrado en primer lugar su respeto por la decisión de la juez Carmen Rodríguez Medel.
Al respecto, ha recalcado que la investigación judicial pone de manifiesto que desde la Comunidad de Madrid se ha colaborado en "todo aquello" que requirió la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid.
"Debemos distinguir la responsabilidad penal y la responsabilidad política. Esta investigación ha puesto de manifiesto que el Gobierno tenía el conocimiento a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias sanitarias de la gravedad de la pandemia que se cernía sobre España", ha reseñado.
López ha reprochado que el Gobierno actuará "tarde" y ha destacado que la Comunidad "no estaba equivocada ni erraba cuando fue la primera que adoptó medidas de restricciones de la actividad para combatir el coronavirus".
"Hay que tener muy claro que no hay que confundir responsabilidad penal y política. Esta segunda ha de ser exigida en todo caso y con todos los instrumentos de los órganos adecuados. En el ámbito penal rige el principio de presunción de inocencia y en el político, rige la obligación de a rendir cuentas siempre y nadie puede excusarse en el burladero del sobreseimiento de la causa penal para dar explicaciones políticas. Y eso lo ha de tener en cuenta el Gobierno", ha aseverado.
