Más Madrid alega contra la reforma de la Ley del Suelo, que "no cuenta con ayuntamientos ni con el asociacionismo"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Más Madrid ya ha presentado alegaciones a reforma de la Ley del Suelo porque "no cuenta con los ayuntamientos ni con el movimiento asociativo" y exigen al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se posicione ante un anteproyecto que "ahonda en el desmantelamiento de los servicios públicos, que generará inseguridad jurídica y que se impone sobre la Administración local sin que ésta tenga la posibilidad de aportar sus conocimientos ni tiempo para adaptar sus recursos".

Más Madrid interpelará al equipo de Gobierno en el Pleno de este jueves para que se posicione y diga si está a favor de la modificación de la Ley del Suelo que quiere tramitar la Comunidad de Madrid. El grupo municipal ha planteado en sus alegaciones tanto la retirada como la apertura de un proceso de diálogo con todos los actores implicados.

El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid, José Manuel Calvo, preguntará al Gobierno si comparte la decisión del Gobierno de la Comunidad de tramitar por la vía de urgencia la modificación de la Ley de Suelo "sin contar con los ayuntamientos, ni con los agentes sociales y ni con la Federación Madrileña de Municipios". Recuerdan en un comunicado que la modificación es la única iniciativa legislativa del Gobierno regional durante el estado de alarma.

La plataforma pide que la Comunidad abra un proceso de diálogo de diálogo con la participación de la Administración local, sindicatos y la FRAVM para buscar soluciones consensuadas y realistas en la tramitación de las licencias urbanísticas.

Para Más Madrid, el objetivo de la Comunidad pasa por "sustituir por declaraciones responsables las licencias urbanísticas en la mayoría de actos de transformación, construcción, edificación y uso del suelo con el argumento de reactivar la actividad inmobiliaria en la región", con lo que creen que se pretende "impedir tanto el debate parlamentario como la presentación de enmiendas al texto".

Las alegaciones que se presentaron incidían en que el anteproyecto de ley "ahonda en el desmantelamiento de los servicios públicos, menoscabando su papel y echando mano de argumentos que la culpabilizan y la identifican con tramitaciones largas y engorrosas".

"Las licencias no son un mero papeleo que tiene que hacer el ciudadano o el promotor frente a la administración. Son la garantía de que la ciudad se construye respetando la legalidad vigente, de que las actividades económicas o las futuras viviendas cuentan con todos los requisitos necesarios para poder ponerse en uso, que los derribos y las obras se van a realizar de acuerdo con la normativa ambiental y respetando el entorno natural y habitado", ha defendido Calvo.

REFORZAR EL PAPEL DE LA ADMINISTRACIÓN

La solución en la tramitación de licencias pasaría, a juicio de Más Madrid, "por reforzar el papel de la Administración dotándola de más personal y más medios". Calvo suma que el anteproyecto "parece diseñado exprofeso para municipios de gran dimensión, como el de Madrid, ignorando la realidad existente en el conjunto de la Comunidad Autónoma".

Otra de las alegaciones presentadas hacía hincapié en que la modificación generará una inseguridad jurídica "actualmente inexistente e innecesaria". Entre las nuevas declaraciones responsables señalan casos especialmente problemáticos por las consecuencias que puede conllevar, por ejemplo, las licencias de primera ocupación y las demoliciones.

Defienden mantener a la Administración como garantía de que lo que se adquiere es legal ya que, en caso contrario, "los desmanes realizados recaerán sobre personas que no tienen porqué atesorar ni el conocimiento técnico ni legal para resolver dichos problemas".

MANIFIESTO

Más Madrid Comunidad de Madrid y Equo han firmado, junto a otras organizaciones y plataformas, el manifiesto contra la reforma parcial de la Ley del Suelo instando también a iniciar un proceso de diálogo y conseguir el mayor grado de acuerdo posible.

Piden que se ponga en marcha un procedimiento participativo con los grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, con el fin de consensuar un nuevo texto legal.