Más Madrid exige explicaciones por el cese de la abogada que preparaba recurso contra la exculpación por venta de pisos

Actualizado 07/09/2019 13:11:13 CET
Imagen de recurso de la Fachada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).
Imagen de recurso de la Fachada de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El recurso es un mandato del Pleno que salió adelante con los votos de Más Madrid y PSOE junto a la abstención de Vox

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid y consejero de la EMVS, José Manuel Calvo, ha trasladado a Europa Press por el cese de la abogada que estaba preparando el recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia exculpatoria al equipo de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas públicas a un fondo buitre, como avanza 'ElDiario.es'.

El recurso es un mandato del Pleno del pasado 29 de julio, el primero del Gobierno PP-Cs, que salió adelante con los votos de Más Madrid y PSOE junto a la abstención de Vox.

La abogada es la misma profesional, detalla 'ElDiario.es', que interpuso los recursos que permitieron reabrir el procedimiento penal en la Audiencia de Madrid y también preparó el informe que llevó al Gobierno de Manuela Carmena a tramitar el procedimiento de nulidad contra la venta.

"El Gobierno municipal tiene un mandato del Pleno instando la preparación y presentación recurso ante el Supremo. No sólo se lo saltan sino que impiden a los técnicos municipales hacer su trabajo. El PP antepone los intereses del partido a los de los madrileños y madrileñas", ha espetado José Manuel Calvo.

A lo que añade que Ciudadanos "consiente todo esto" porque, aunque Vivienda depende de ellos, "han entregado la EMVS al PP y han apoyado el nombramiento del exjefe de gabinete de Ignacio González como consejero delegado de la empresa". "No venían a regenerar nada sino a sostener al PP en el poder", argumenta el titular de Desarrollo Urbano de Más Madrid.

LA DECISIÓN DEL PLENO

Más Madrid y PSOE consiguieron que el Pleno del pasado 29 de julio apoyara que la EMVS recurriera en casación ante el Supremo la venta de 1.860 viviendas públicas al 'fondo buitre' Fidere por debajo de su precio de mercado gracias a la abstención de los cuatro concejales de Vox, que se desmarcaron del 'no' de PP y Cs.

Su propuesta pasaba por que la EMVS lo presentara en el plazo de 30 días dando de este modo "muestra de su defensa de los intereses municipales y del interés general de la ciudadanía en lugar de optar por la protección de los intereses individuales de los cargos políticos del PP".

Más Madrid y los socialistas apuntaban que los daños y perjuicios causados a los fondos públicos pueden ser superiores a los 120 millones de euros.

El PSOE solicitaba a su vez que se mantenga la personación municipal en el juicio oral en la Audiencia Provincial abierto contra el que fuera consejero delegado Fermín Oslé y el representante de Fidere, Alfonso Benavides, por los delitos de prevaricación, malversación, fraude y sustitución de cosa propia a su utilidad social. Esta última personación se mantendrá, como ya anunció el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

El delegado de Vivienda, Álvaro González, contestaba en el Salón de Plenos que estas proposiciones no eran más que "un intento por desviar la atención de los más de 1.200 desahucios que se han producido en la ciudad en los últimos cuatro años".

El popular afirmó que "la justicia falla que la operación de la EMVS en 2013 no supuso una vulneración de la ley", a lo que unió que "la Fiscalía ha exonerado de responsabilidad a los acusados" mientras que defiende el archivo, algo que fue negado por la socialista Mercedes González.

El concejal de Vox Pedro Fernández puso sobre la mesa las "irregularidades formales" que apunta la sentencia del 17 de julio, de la que desprende que "no hubo alcance de fondos y evitó la disolución de la EMVS". Desde Vox no se oponen a que se agoten los recursos judiciales, de ahí la abstención.

SENTENCIA DEL 17 DE JULIO

El pasado 17 de julio el Tribunal de Cuentas revocó la sentencia en primera instancia, fechada en diciembre de 2018 y a instancia del Ministerio Fiscal a la vista del informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid.

Entonces cifraba en 25,7 millones de euros los perjuicios ocasionados a las arcas de la EMVS y que condenaba al que fuera consejero delegado de la empresa Fermín Oslé, a la exalcaldesa Ana Botella y a su Junta de Gobierno a pagar de su bolsillo hasta 22,7 millones de euros.

El informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas, aprobado por unanimidad de su Consejo, señalaba graves irregularidades, como "la eventual presencia de delitos de prevaricación, malversación y fraude", por lo que se acordó reabrir la instrucción penal por estos hechos.

El Tribunal de Cuentas revocó la decisión ante el recurso presentado por Botella y su equipo desestimando íntegramente la demanda de reintegro por alcance registrada en su momento, con Ahora Madrid en el gobierno, por la EMVS.

La sentencia revocatoria fue dictada por una sala de tres miembros y salió con dos votos a favor y uno particular discrepante. Los dos primeros fueron firmados por dos consejeros propuestos por el PP, una de ellas Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el Ejecutivo de José María Aznar, a la sazón esposo de la exalcaldesa Botella.

El voto en contra vino del consejero propuesto por el PSOE. Argumentó, según la proposición al pleno de Más Madrid, que la Junta de Gobierno sí asumía funciones directas de control a la EMVS; que no se pidió tasación a una sociedad oficial sino sólo a una consultora, que contrató además con el adjudicatario y que la concurrencia estaba viciada de origen.

A eso sumó que el precio de venta se fijó en los contactos entre la intermediaria con las empresas ofertantes, privilegios al acceso a la documentación que también se constató con cuatro ofertas anteriores al anuncio público del proceso; la falta de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, objetividad; la existencia de otras medidas para paliar las pérdidas y que la función social debe prevalecer antes incluso que el principio de viabilidad económica de la empresa.

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