La víctima afirma que fue más allá de lo habitual y que ella "no supo reaccionar"
MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
Un médico acusado de abusos sexuales a una paciente ha negado los hechos en el juicio y ha esgrimido que como médico de urgencias, está capacitado para exploraciones completas e incluso en las zonas íntimas.
Alejandro Alberto R. U., médico de Atención Primaria, se ha sentado en el banquillo de los acusados por la comisión de un delito de abuso sexual. La Fiscalía solicita para él una pena de siete años de prisión.
En su declaración, el procesado ha manifestado que exploró a la paciente y pensó que podría padecer fibromialgia, una enfermedad crónica del músculo esquelético que causa dolor y fatiga. Ante ello, realizó una observación más profunda para confirmar sus sospechas, afirmando que lo hizo con guantes, algo que niega la víctima.
La afectada ha declarado tras un biombo y ha necesitado que un amigo estuviera con ella durante la declaración. Así, ha relatado que acudió a Urgencias por un dolor de espalda para que le dieran un relajante muscular.
Pese a ello, el médico que la atendió la palpó por zonas que no tenían nada que ver con su dolor, manifestando que se trataron de tocamientos íntimos. La joven ha señalado que no supo reaccionar y al salir, no quiso contar lo sucedido.
HECHOS JUZGADOS
Según el fiscal, sobre las 20:00 horas del día 14 de octubre de 2014, en el Centro de Salud 'Cellosa', de la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, el procesado atendió en el Servicio de Urgencias a una mujer aquejada de dolor de espalda.
Tras explorarle la espalda, y una vez se hubo bajado la paciente los pantalones, subido la camiseta y con la ropa interior puesta, le pidió que se trasladará a una camilla ubicada en una habitación contigua.
Una vez allí, cuando la mujer se encontraba boca abajo, tras palparle la espada de nuevo, continuó por los glúteos hasta introducir su mano en sus partes íntimas. El propio procesado le subió el sujetador y comenzó a tocarle ambos pechos, con un gel que se puso en las manos.
Además de los siete años de prisión, el Ministerio Público solicita una indemnización a la perjudicada por parte del procesado de 3.000 euros más los intereses legalmente previstos.
