MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los tres grupos de la oposición de la Asamblea de Madrid (PSM, IU y UPyD) han pedido que se reconsidere la apertura de una comisión de investigación parlamentaria sobre el 'caso Aneri', una propuesta que se debatió ayer en la Mesa de la Asamblea.
"Hemos hecho un escrito de reconsideración, pero a pesar de dar argumentos contundentes mucho nos tememos que nos dirán que no", ha manifestado al respecto el portavoz adjunto del Grupo Socialista, José Quintana, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces.
Quintana ha puesto de manifiesto su "perplejidad" ante algunos hechos que se producen en la Asamblea, como el "veto" a la comisión de investigación sobre la presunta estafa relacionada con los cursos de formación continua.
Por otro lado, ha recordado que el Grupo Socialista ha pedido la comparecencia del exsubdirector general de Formación Continua y Emprendedores, Joaquín Velázquez, que fue destituido, y del presidente de CEIM, Arturo Fernández, de quien ha señalado que "si no es capaz de venir a comparecer no parece razonable que tenga un contrato con la administración", en alusión a la concesión de la cafetería y el restaurante de la Cámara Regional.
TRATAR DE DILUCIDAR "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"
El portavoz de IU-LV, Gregorio Gordo, ha afirmado que el PP "sigue intentando ocultar la cabeza debajo del ala", sin darse cuenta, según sus palabras, de que "eso opera en contra de sus propios intereses, lo que hace es acrecentar el manto de la sospecha sobre la Consejería de Empleo".
"Seguiremos insistiendo en la necesidad de esa transparencia que el PP sigue empeñado en rechazar", ha aseverado, para explicar que intentarán agotar "todos los procedimientos políticos que deja de margen el PP".
No obstante, para el portavoz de IU, la apertura de una comisión de investigación es "imprescindible" ante "una situación que es algo más que sospechosa" y "el PP no puede hacer una abstracción de sus posibles responsebilidades".
Además, a su juicio, "no es de recibo" que el PP rechace la constitución de la comisión de investigación con el argumento de que el caso está 'sub iudice'.
"Nosotros no buscamos las responsabilidades jurídicas, las responsabilidad jurídicas las determinan las tribunales, estamos hablando de responsabilidades políticas", ha manifestado, para agregar que "el más interesado en disipar cualquier duda de posibles connivencias sería el Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Finalmente, se ha preguntado por qué los responsables del PP "no miran esta vez a Andalucía", donde, ha recordado, la oposición ha presidido una comisión de investigación sobre el caso de los ERE. Gordo ha insistido en reclamar que se abra una comisión de investigación sobre el caso Aneri, que "ayudará a que los ciudadanos consideren que la política no es el ejercicio de esconder la cabeza debajo del ala cuando una cosa no le interesa al gobierno en cuestión".
El portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha asegurado que el hecho de que el caso Aneri esté 'sub iudice' "no es impedimiento alguno" para la apertura de una comisión de investigación. A su juicio, con su rechazo, "el partido de Gobierno y mayoritario en la Mesa pierden una magnífica oportunidad de hacer realidad eso que tanto pregonan de la transparencia".
Según Velasco, el fraude va a seguir creciendo y su grupo está obteniendo "cada vez más información valiosa" de la que deduce que "hay una serie de irregularidades importantes y posible connivencia", por lo que van a seguir insistiendo en la necesidad de crear una comisión de investigación, y "queda siempre la vía jurídica", ha agregado, para precisar que podrían recurrir al Constitucional.
PP: SÓLO SERVIRÍA PARA "DISTORSIONAR LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL"
El portavoz del Grupo Popular, Íñigo Henríquez de Luna, ha manifestado que una comisión de investigación parlamentaria solo serviría para "distorsionar la investigación judicial", cuando, a su entender, lo que le preocupa a todo el mundo es que "se depuren las responsabilidades judiciales que pueda haber en este caso".
No obstante, ha señalado que como "no se puede abrir una comisión de investigación porque es una costumbre parlamentaria que cuando hay una investigación judicial no se abra una comisión parlamentaria sobre lo mismo", el Grupo Popular ha propuesto que el caso se trate en la comisión permanente de Vigilancia de las Contrataciones, a través de la que todos los grupos pueden acceder a toda la información sobre el presunto fraude de los cursos de formación, con acceso a "todos los expedientes que están bajo sospecha".
"No tiene sentido que el Parlamento se dedique a hacer un juicio político paralelo al que están haciendo los tribunales, pero sí defender el derecho que tienen todos los grupos parlamentarios de poder acceder a la información", ha declarado el portavoz popular, quien ha garantizado "transparencia máxima" y "facilidades en la información".
GÜRTEL
Por otro lado, en el día en que el exconsejero del PP Alberto López Viejo ha sido citado a declarar ante el juez Ruz para interrogarle por el cobro de al menos 488.054 euros de la trama Gürtel, Quintana ha denunciado que la mayoría 'popular' ha impedido una pregunta para contestación en el Pleno del diputado socialista Enrique Cascallana sobre este asunto.
"¿Qué actuaciones están llevando a cabo los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid en el procedimiento judicial número 275/2008, del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional?", reza la pregunta.
Quintana ha acusado al PP de convertir al Parlamento regional en una "vergüenza democrática", y ha puesto de manifiesto que esta pregunta ya había sido calificada por la Mesa de la Asamblea y por la Secretaría General, lo que a su juicio demuestra que "el reglamento en esta Asamblea no es reglamento, es lo que decida la mayoría absoluta del PP, y esto nos lleva a conclusión: es una vergüenza democrática".
A este respecto, Henríquez de Luna ha explicado que la pregunta no ha sido admitida no a consecuencia de "una decisión caprichosa o arbitraria", sino porque es "idéntica" a una que formularon en la sesión plenaria del 20 de febrero, y, por lo tanto, responde al reglamento.
"Vergüenza democrática lo que han hecho en Parla", ha afirmado, en alusión a la decisión del alcalde del municipio, el socialista José María Fraile, de retirar el sueldo a los concejales del PP.
