Parla pide una fianza para que los imputados en la Púnica paguen las facturas de Cofely

PARLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Parla, personado en la causa que investiga la trama Púnica en la Audiencia Nacional, ha solicitado una fianza para que parte de los imputados en esta causa paguen algunas de las facturas con Cofely, una de las empresas encausadas y responsable hasta el pasado mes de febrero del suministro y mantenimiento eléctrico en la ciudad.

   Los abogados municipales han solicitado en concreto que se imponga una fianza de 850.493 euros como medida cautelar para 16 de los imputados, aquellos que más directamente estuvieron relacionados con el Ayuntamiento de la localidad y con la firma del contrato con Cofely, como los directivos de la compañía, el exalcalde José María Fraile, la ex concejala de Obras Victoria Sánchez o el empresario y presunto cerebro de la trama, David Marjaliza.

   Las cantidades resultarían de recopilar las facturas pagadas por el Ayuntamiento a la citada empresa, al tiempo que solicitan el embargo de bienes en caso de que no puedan ser satisfechas las fianzas en el plazo de un mes y la devolución del cien por ciento del coste pagado a Cofely, con intereses, en el caso de que se demuestre judicialmente el cobro de comisiones.

   El concejal de Hacienda y portavoz del equipo de Gobierno, José Manuel Zarzoso, ha indicado que consideran "justa" esta reclamación debido a que el contrato con Cofely podría ser declarado nulo "y los vecinos de Parla no debemos asumir estos gastos que no se han producido para beneficiar a la ciudad".

   Además el edil ha recordado que ya el pasado mes de diciembre solicitaron a la Audiencia Nacional autorización para suspender el pago de las facturas que Cofely reclamaba a Parla para "evitar la perpetuación de los resultados del delito" y ante lo cual el propio juez, según Zarzoso, recomendó no pagar las facturas.

   Por este motivo desde el mes de febrero la empresa y el Ayuntamiento rompieron su relación y los diferentes servicios han sido asumidos por empresas como Galp en el caso del suministro de gas, Iberdrola en cuanto a la electricidad e IMESAPI en lo relativo al mantenimiento del alumbrado público.