Piden una multa de 10,7 millones de euros para un matrimonio por defraudar a Hacienda 24,2 millones de euros

Publicado: lunes, 24 septiembre 2018 10:49

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Madrid solicita 20 meses de arresto mayor y multa de 10,7 millones de euros para un matrimonio por cuatro delitos fiscales relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los ejercicios 1989, 1990, 1991 y 1992.

Marcial G. S. y María Teresa C. C. serán juzgados este martes en la Audiencia Provincial de Madrid. El fiscal pide para ellos una multa de 5.988.357 euros y de 4.785.591 euros.

En total la cantidad defraudada a la Hacienda Pública asciende en el caso de G. S. a once millones de euros y en el de C. C. a 13.247.394 euros.

Según el fiscal, Marcial era en 1988 el administrador único de la sociedad Investwhite S.A. y tenía como su única socia a su mujer. El objeto social de la referida empresa era la realización de "toda clase" de actividades mobiliarias e inmobiliarias.

Sin embargo, la Fiscalía entiende que la "única" actividad que realizó era "la tenencia y titularidad de dos paquetes de acciones de Sanitas S.A. cada uno de los cuales comprende 1.437.022 acciones antiguas y 1.051.750 acciones nuevas todas ellas de la referida Sanitas S. A ".

Investwhite S.A se constituyó como una sociedad patrimonial sometida al régimen de transparencia fiscal previsto en el artículo 360 del RD 2631/1982.

Pese a ello en diciembre de 1998 la sociedad transmitió en documento privado la totalidad de las acciones de Sanitas S.A.
obteniendo una plusvalía que debió haber sido declarada en sus respectivas declaraciones de IRPF.

"Sin embargo -añade la Fiscalía- los acusados nunca declararon ese beneficio patrimonial sino que desarrollaron una estrategia defraudatoria para similar la transacción de la carga fiscal por esta compraventa de acciones".

Y es que en realidad, la adquiriente de las acciones de Sanitas fue la mercantil inglesa Buda LTID, "aunque interpusieron a la sociedad Basfin de Inversiones S. A. como intermediarias y materializaron una sucesión de operaciones en documentos públicos que no tienen justificación económica y que está fiscalmente diseñada para eludir la tributación a la Hacienda Pública Estatal por la plusvalía obtenida".