MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañiol, ha afirmado este jueves que la Comunidad dará entrada a la iniciativa privada para crear una nueva Ciudad de la Justicia y que con ello los madrileños se ahorrarán 30 millones de euros en el alquiler de sedes judiciales.
En la sesión plenaria celebrada esta tarde en la Asamblea de Madrid, Plañiol ha recordado que la Ciudad de la Justicia fue un proyecto apoyado por todos los grupos y ya reconocía con participación privada. Así, ha dicho que el apoyo privado "es la forma de construir las grandes infraestructuras como Metro, hospitales y carreteras". "No conozco que esto se haga con empleados públicos", ha apostillado.
Además, ha reprochado a los grupos de la izquierda que con colaboración privada se construyeron el hospital de Ibiza, la línea 9 del Metro de Barcelona, la Ciudad de la Justicia o muchos de los proyectos en Parla. "Vamos adelante con este proyecto por el buen funcionamiento de la Justicia. En Madrid la mitad de los juzgados están en sedes de la Comunidad y el resto en alquilados. No es que en la plaza de los Cubos funciona peor que en Plaza de Castilla. No tienen nada que ver con el funcionamiento de la Justicia el hecho de que se construyen las sedes con iniciativa privada", ha dicho.
Eso sí, la consejera de Justicia ha indicado que el nuevo proyecto del Campus se realizará "con transparencia, concurrencia y publicidad" y que se van a utilizar cualquier de las fórmulas adoptadas por derecho para este fin.
Plañiol ha concretado con la nueva operación del Campus de la Justicia van a liberar 100.000 metros cuadrados de alquiler "para ser mucho más eficientes de lo que es ahora la Justicia".
"Este proyecto es austero, renunciamos a singularidades arquitectónicas, con diseño efectivo y racional iniciativa privada y trabajaremos de forma transparente con publicidad y concurrencia. Es la forma con la que trabaja la Comunidad de Madrid y con la que trabajaba la Rosa Díez cuando fue consejera socialista en el Gobierno vasco y la forma de actuar cuando era secretario de Estado Luis de Velasco (el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid actualmente)", ha manifestado.
LA OPOSICIÓN PIDE EXPLICACIONES
De esta forma ha respondido la consejera al Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tras preguntar a Plañiol cómo piensan adjudicar el proyecto del Campus y la fórmula jurídica de gestión concreta. También le han preguntado qué va a pasar con los edificios propiedad de la Comunidad y si estos edificios se venderán mediante subastas o no. "Nos preguntamos si se realizará con una simple compraventa y quién va a controlar el precio o vender el patrimonio de la Comunidad para amparar una operación privada, si se va a despatrimonializar estos edificios o si se va a revertir a la Comunidad", han inquirido.
También ha intervenido sobre esta cuestión el diputado autonómico de Izquierda Unida Mauricio Valiente, que ha asegurado que el máximo interés del Gobierno regional con la introducción de la iniciativa privada en el nuevo Campus de la Justicia "radica en facilitar la intervención de empresarios y particulares, mientras que cuando los ciudadanos se manifiestan piden mano dura". "Por mínima que sea la intervención del Estado, lo mínimo es que actúen con transparencia y cierto orden. No les han votado para que hagan una política errática y descoordinada", ha dicho.
Valiente también ha criticado que Consejería de Justicia informara el 14 de febrero en Comisión que seguirían las reformas y la concentración de sedes judiciales en torno a Plaza de Castilla, Princesa y Gran Vía, "como un coste económico por adelantado, como el proyecto faraónico del Campus de la Justicia". Siguiendo esta argumentación, ha detallado que en el Pleno de la Asamblea del día 16 de febrero Plañiol negó que hubiera negociaciones con grupo inversor y que se había desestimado el Campus.
"Pero el 29 de febrero nos enteramos por la prensa del interés del proyecto con varios fondos nacionales e internacionales, que se ofrecen para construirla por su gestión futura. Esto es una política errática, de privatización, y mala administración de los escasos recursos para la Justicia. Rindan cuentas en la Asamblea o en los medios de comunicación, si quieren", ha concluido el parlamentario madrileño de IU.
