MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Regional por la Escuela Pública considera que la nueva normativa de escolarización es "profundamente dañina" para la igualdad de oportunidades y "vulnera la legislación vigente", por lo que la rechaza y asegura que realizará todo tipo de actuaciones legales "que la frenen y eviten que sean los centros educativos los que seleccionen al alumnado en lugar de las familias las que elijan el centro educativo".
Según han explicado en un comunicado, las relaciones sociales en las edades tempranas son "elementos educativos básicos" para el desarrollo de la personalidad de los niños, y, a su juicio, un sistema de elección de centro que elimine o limite la zonificación "no puede garantizar el criterio de integración y cohesión social, pues potenciará que el alumnado salga de su entorno".
A su juicio, la Administración educativa "debe arbitrar medidas tendentes a la escolarización universal con aplicación de baremos objetivos que hagan compatible la libre elección de centros con la planificación de la escolarización" y la escolarización equilibrada en todos los centros sostenidos con fondos públicos.
Asimismo, aseguran que debe garantizar "la efectividad del principio de gratuidad de la enseñanza obligatoria" y la obligación de todos los centros de escolarizar al alumnado "sin ningún tipo de traba por razones subjetivas establecidas para realizar la selección del alumnado".
Para la Plataforma, la eliminación de las zonas de escolarización y el cambio en los baremos a aplicar en dichos procesos "no sólo supone una dejación de funciones intolerable por parte de la Administración educativa, sino que puede estar vulnerando los mandatos legales existentes".
Este es el motivo por el cual diversas organizaciones, algunas de ellas integradas en esta Plataforma Regional, llevarán esta normativa ante los Tribunales de Justicia, "aún sabiendo que el proceso es lento y que, incluso obteniendo sentencias favorables, la Consejería de Educación y Empleo tenderá a obviarlas, algo a lo que desgraciadamente nos tiene muy acostumbrados".
"Sin embargo, no por ello debemos permanecer impasibles y dar por bueno algo que no lo es, la respuesta legal es imprescindible", han considerado desde la organización, que ha acusado a la Consejería de Educación de cambiar "el derecho de elección de las familias por el derecho de selección de éstas por parte de los centros educativos, dando satisfacción así a una vieja reivindicación de las patronales de la enseñanza privada".
Además, han considerado que bajo la zona única de escolarización, la Administración "puede encontrar excusas" para no proceder a la creación o rehabilitación de centros públicos, dado que las familias tienen todo el municipio, incluso, toda la Comunidad Autónoma para elegir centro y la necesidad de plazas escolares no se hará por barrio o distrito, sino que se ampliarán las zonas para calcular el total de plazas disponibles.
