MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los propietarios de suelo en los desarrollos del sureste de Madrid (Valdecarros, Berrocales, Ahijones y Los Cerros) consideran que los cambios que plantea el Ayuntamiento en estos ámbitos supondrán un retraso mínimo de 10 años y generarán "inseguridad jurídica", por lo que auguran que habrá recursos en los tribunales.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes del colectivo tras conocer que el Ayuntamiento de Madrid reduce el número de viviendas previstas en el plan director de los Desarrollos del Sureste a la mitad, de 105.000 inicialmente previstas a 53.000, tal y como ha informado este míercoles el director de Planeamiento y Gestión Urbanística, Juan Carlos Merino, en la comisión de Desarrollo Urbano Sostenible.
A la espera de que el plan director se apruebe definitivamente, los propietarios de suelo en estos ámbitos avanzan que los cambios deberán ser analizados en el seno de los consejos de las Juntas de Compensación constituidas y creen que habrá una "oposición radical" al plan director por parte de los titulares de suelo.
Las citadas fuentes detallan que la reducción de viviendas no es el problema sino "los tiempos" pues estiman que habrá un retraso de más de 10 años en la ejecución de los ámbitos, lo que es una "pésima noticia". "La ejecución de esas viviendas no es inmediata", han remachado.
Además, alertan de "consecuencias nefastas" de ese retraso porque "no va a llegar suelo urbanizado" al mercado de vivienda y ello supondrá un incremento en el precio del alquiler y de la compra de vivienda. En este sentido, exponen que en los últimos tres años ha habido una "espiral" de precios que, en caso de no haber suelo urbano para nueva vivienda, será cada vez "mayor".
Además, exponen que la medida supondrá la disolución de las Juntas de Compensación de Los Cerros y Valdecarros, algo que afectará a los desarrollos pues el desarrollo de las infraestructuras, como las canalización de agua o los viales, estaban "coordinadas" entre las diferentes Juntas. "El Ayuntamiento no ha tenido en cuenta esa realidad", agregan.
A su vez, las mismas fuentes apuntan a que "probablemente" estos cambios traerán "consecuencias jurídicas" y auguran que habrá propietarios que no van a recibir estos cambios "de forma pacífica".
A su vez, exponen que Madrid tiene un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "bendecido" por el Tribunal Supremo y que aportaba "seguridad jurídica", que se va a "transformar en inseguridad jurídica" con los cambios planteados por el Consistorio, lo que afectará a la llegada de inversores.
"Nos ha costado 20 años llegar a donde estamos y nos va costar hasta 15 años acometer los cambios", insisten las fuentes de los propietarios consultadas para recalcar que otra afectada será la Comunidad de Madrid, que tiene suelo en estos ámbitos destinados a vivienda social.
En este sentido, recalcan que la anulación de viviendas en ámbitos como Valdecarros o Berrocales puede generar que esa previsión de vivienda social quede anulada en la zona y que las personas con menos recursos que requieren de alojamiento tendrán que ser reubicados en localidades cercanas, como Torrejón o Rivas.
Finalmente, exponen que el plan director no es un documento con obligatoriedad jurídica pero si se continúa con la "filosofía" de los cambios previstos, habrá que recoger esas modificaciones en el plan general, que debe tener el visto bueno de la Comunidad.
