Protección de Datos señala al juez, o en su caso al CGPJ, como responsables de los ficheros de maltrato aparecidos en la basura

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia de Protección de Datos de la Comunidad señaló hoy al juez, o en su caso al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como responsables últimos de los ficheros jurídicos, denuncias y documentos personales por maltrato aparecidos en contenedores de basura cercanos a sedes judiciales.

"A nuestro juicio el responsable de los ficheros del ejercicio de la potestad jurisdiccional sería del juez o en su caso del CGPJ, pudiendo ser el secretario judicial el responsable de seguridad funcional", señaló en declaraciones a Europa Press el director de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, Antonio Troncoso.

La Agencia no ha recibido ninguna denuncia respecto a este caso, denunciado por Telecinco, aunque se reserva la potestad de realizar una investigación de oficio si se demostrase que en los expedientes hubiese información realizada por peritos u órganos de la administración pública regional.

En este sentido, Troncoso recuerda que la Ley Orgánica 16/94, de 8 de noviembre, de Reforma del Poder Judicial estableció un nuevo artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se encomienda al CGPJ la determinación de los requisitos y condiciones que afecten al establecimiento de ficheros automatizados que se encuentren bajo la responsabilidad de los órganos judiciales, de manera que se asegure el cumplimiento de las garantías y los derechos establecidos en la LORTAD.

Por tanto, considera que le corresponde al CGPJ el desarrollo normativo de la protección de datos en el ámbito judicial, recayendo la responsabilidad de los ficheros en los órganos judiciales. El CGPJ aprobó el Reglamento 5/1995, de 7 de junio, de Aspectos Accesorios de las Actuaciones Judiciales (RAA), que aborda esta problemática en los Títulos V y VI.

Así las cosas, le corresponde a la responsabilidad sobre los ficheros donde se ejerce la potestad jurisdiccional a los jueces y magistrados y en su caso al Consejo General del Poder Judicial.

Y es que el Reglamento del CGPJ de 1995 atribuye la responsabilidad del fichero de la potestad jurisdiccional al secretario judicial, que es el encargado de la custodia de la documentación si bien sus decisiones son revisables por el juez, las Salas de Gobierno y por el propio Consejo General del Poder Judicial.

Troncoso subraya en este sentido que "el juez no es nombrado por la Comunidad Autónoma, por lo que no se le puede sancionar", y puesto que "es un fichero de potestad jurisdiccional, quien debe sancionar a los jueces es el CGPJ".

Protección de Datos subraya además que las Comunidades Autónomas que han asumido competencias en materia judicial solo proveen de "medios materiales para el funcionamiento ordinario de la Administración de Justicia y de los recursos Humanos", a excepción de los jueces y magistrados y de los secretarios judiciales.

Estos recursos humanos son el personal al servicio de la Administración de Justicia; el cuerpo de gestión procesal y administrativa, el cuerpo de tramitación procesal y administrativa, el cuerpo de auxilio judicial, los peritos judiciales, y los médicos forenses. La responsabilidad de los ficheros no jurisdiccionales sería la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y de Política Interior.

En este sentido, Protección de Datos de Madrid apunta que son ficheros de datos jurisdiccionales los que se deriven de actuaciones jurisdiccionales: los que sean necesarios para el registro e identificación del procedimiento o asunto jurisdiccional con el que se relacionan; los precisos para identificar y localizar a las partes, los necesarios para identificar a abogados, y procuradores y en general a quienes desempeñen labores de defensa o representación procesal o de cualquier personal que deba intervenir en el proceso; los que recogen datos que exterioricen resoluciones judiciales dictadas y las actuaciones realizadas y los fichero derivados de la instrucción y de las diligencias judiciales.